La mayoría de las democracias asentadas, con tradición, y respeto siempre a la separación de poderes cuentan con una institución que controla el que gobiernos nacionales, de autonomías o regiones y locales hagan prevalecer los derechos de los ciudadanos. Los defensores del pueblo son un recurso para los ciudadanos cuando creen que sus derechos o sus libertades no han sido respetados.
El defensor o defensora se dirige a una administración o a un organismo público y le dice lo que le sucede a un vecino, a una ciudadana que espera, desde hace meses y meses, una operación quirúrgica, que espera saber cuando le pagarán la beca a su hijo o que le hacen tributar, indebidamente, por una ayuda recibida. La “queja” no debe esperar en obtener respuesta pues detrás hay una persona con un problema que pide ayuda.
Las posibilidades informáticas y de comunicación actuales permiten que miles de personas se puedan dirigir a la institución, además de por carta o de manera presencial, por correo electrónico o por una aplicación en teléfono móvil. Hoy, los ciudadanos pueden conocer todas las acciones realizadas, los resultados de las mismas y los tiempos que se tarda en actuar o las administraciones en resolver.
Y además, es una de las instituciones más transparentes de la democracia española. Todo se muestra y de todo se da cuenta.
Es la defensa del derecho y de la libertad de la que se goza en muy pocos países, y por eso son tantos los que huyendo de las guerras y del hambre desean llegar a una tierra que les acoja y les respete, la nuestra.
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