La población mundial de refugiados ha alcanzado en 2016 el nivel más alto jamás registrado. El ACNUR cifra en más de 65 millones el número de personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar para huir del peligro y buscar un lugar seguro.
A las puertas de Europa han llamado el pasado año más de un millón de personas solicitando protección internacional, 15.000 de ellas lo hicieron en España.
Son dos los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta en estas circunstancias. En primer lugar, la acogida humanitaria y, después, la posible integración.
La primera exige actuar de acuerdo con un sistema común de asilo, agilizar los procedimientos para las solicitudes del mismo y los traslados a España, además de atender con especial diligencia a las situaciones de menores, personas con discapacidad y víctimas de trata de seres humanos. También es necesario disponer de la asistencia jurídica precisa, así como de un personal de atención muy cualificado para todas estas funciones.
El segundo aspecto, la acogida, hace necesario velar por las distintas fases de la integración por las que puedan pasar.
La Defensora del Pueblo presentó en junio del año pasado el estudio “El asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema de acogida”.
Se formularon recomendaciones a las administraciones con competencias en la materia que han sido aceptadas en su mayoría. Se destaca, la respuesta reciente de la Subsecretaría del Ministerio del Interior a catorce recomendaciones formuladas para intentar mejorar los problemas de funcionamiento y de tramitación que padece la Oficina de Asilo y Refugio.
Esta institución celebra que se hayan aceptado las recomendaciones y realizará un seguimiento de las mismas para hacer una valoración completa de las respuestas recibidas.
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