La privación de libertad conlleva que la Administración penitenciaria asuma un especial protagonismo en la defensa de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran cumpliendo una pena en los establecimientos penitenciarios. Los derechos sociales, los derechos llamados de segunda generación, como la sanidad o la educación, son también derechos de las personas privadas de libertad, y exigen para su satisfacción una especial diligencia por parte de los poderes públicos concernidos, dadas las dificultades inherentes al medio penitenciario y las limitaciones de movilidad que conlleva para la generalidad de los internos, salvo que, por hallarse en tercer grado, puedan desplazarse a centros sanitarios, educativos o de otra índole.
El Defensor del Pueblo dedica mucha atención al derecho a la salud y al deber de la Administración de prestar un servicio médico y hospitalario satisfactorio y equiparable al de todos los ciudadanos. Recientemente, se ha recibido respuesta a la Recomendación formulada por el Defensor del Pueblo a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el sentido de que se dispusiera lo necesario para que se procediera a la inmediata dispensación de los tratamientos de hepatitis C a aquellas personas privadas de libertad en cualesquiera de los centros penitenciarios gestionados por ese centro directivo que lo tuvieran prescrito y que no les hubiera sido facilitado aún.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado al Defensor del Pueblo que en la actualidad todos los internos que tienen previsto tratamiento para la hepatitis C y que se encuentran en prisión lo reciben. Se trata de 857 personas.
En la tarea de mejora de la sanidad penitenciaria el Defensor del Pueblo visita los centros penitenciarios, muchas veces acompañado de técnicos externos que son médicos, y formula las recomendaciones que considera convenientes para que la sanidad que reciben los presos sea adecuada y de calidad, lo que exige una financiación suficiente y la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
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