La crisis económica ha ocasionado durante los últimos años el enfriamiento de la actividad promotora, especialmente en la ejecución de los planes. El ritmo de la construcción se ha ralentizado o incluso detenido, por lo que muchos proyectos urbanísticos no han podido ejecutarse.
Esta crisis de la construcción ocasionó la paralización de obras ya empezadas y el abandono de urbanizaciones y construcciones no acabadas. Las obras no han podido ser recepcionadas por los Ayuntamientos y los vecinos se encuentran en situación de indefensión, sin vivienda digna.
Año tras año se reciben quejas que se refieren fundamentalmente a los problemas ocasionados por la ejecución incompleta del planeamiento.
Desde esta Institución se sugiere a los Ayuntamientos que procedan contra las garantías y avales prestados para garantizar la urbanización, previa exigencia del cumplimiento de sus obligaciones al urbanizador.
En más de una ocasión estas garantías (si es que se pidieron) son de escasa relevancia económica y el urbanizador prefiere su pérdida antes que terminar la urbanización y culminar unas viviendas que no tienen hoy salida en el mercado. En cualquier caso se insta a las Corporaciones a que impidan la ocupación de las viviendas inacabadas y, por tanto, carentes de licencias de primera ocupación.
El Ayuntamiento ha de exigir a los promotores que conserven las obras y construcciones de modo que no atenten contra la seguridad de los ciudadanos hasta su entrega y recepción; el ayuntamiento asume esta obligación cuando la urbanización se concluye.
Además, en muchos casos, se incumple el deber de edificar en plazo, lo que determina la incoación de un expediente de incumplimiento, con el trámite necesario de audiencia.
Se plantea en ocasiones el problema de la valoración catastral del suelo, especialmente los suelos considerados urbanizables. La legislación catastral considera y valora este tipo de suelos como de naturaleza urbana, aunque materialmente no exista construcción ni edificación alguna.
Se ha realizado una recomendación a la Secretaría de Estado de Hacienda, para modificar la normativa de valoración de los suelos que no hayan alcanzado las características del suelo urbano, de modo que el valor de esos inmuebles se acomode a su valor real. El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha aceptado esta recomendación.
Véase:
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