Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo en relación con los derechos de las personas con discapacidad es destacable el incremento de las quejas recibidas relacionadas con la existencia de barreras arquitectónicas en edificios, tanto públicos como privados, y en el entorno urbano.
Respecto a las quejas relativas a edificios públicos, esta institución constata que, pese a los grandes esfuerzos que se han llevado a cabo todavía queda camino por recorrer, pues los ciudadanos continúan quejándose de la falta de accesibilidad en centros o edificios públicos, algunos incluso de reciente construcción.
Las quejas que se reciben relacionadas con las barreras arquitectónicas en edificios privados se refieren, sobre todo, a las obras de adecuación de los elementos comunes. Las competencias de esta Institución impiden iniciar actuaciones ni mediar en los conflictos donde no interviene una Administración Pública, no obstante, y a pesar de que no podamos admitir dichas quejas, desde esta Institución se facilita a los interesados información sobre sus derechos y la legislación aplicable.
Las comunidades de propietarios están obligadas por Ley a costear las mejoras de accesibilidad que precisen las personas con discapacidad o mayores de 70 años, cuyo importe total no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, o incluso, las reformas que sobrepasen dicha cantidad, siempre que la comunidad haya acordado válidamente ejecutarlas. Sin embargo, esta Institución es consciente, y así lo ha advertido en sus informes anuales de los últimos años, que el problema de la financiación de las obras de accesibilidad no está resuelto.
Por último cabe destacarse el incremento de quejas sobre barreras arquitectónicas en el entorno urbano. Por ello, el Defensor del Pueblo está realizando una encuesta para conocer los problemas de accesibilidad y los obstáculos existentes en las vías, espacios públicos, parques y jardines de nuestras ciudades y pueblos.
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