Se contratan hoy en España más líneas de telefonía móvil que fija, pero el desarrollo de este mercado no ha venido aparejado de las garantías necesarias en los derechos de los usuarios.
El contenido de los contratos que se formalizan entre los operadores y los abonados tiene que ser claro y fácilmente comprensible. Los clientes han de conocer las obligaciones que contraen con las compañías y los derechos de los que son titulares. Esta información debe ser completa desde el primer momento en el que el ciudadano solicita la información vía telefónica.
Una de las cuestiones que con frecuencia se plantea es que la información que se proporciona inicialmente no corresponde con la contenida en el contrato escrito que se remite posteriormente. Para salvaguardar los intereses y derechos de la parte más débil en este tipo de relaciones contractuales, esto es el abonado, el Defensor del Pueblo ha planteado a la administración, competente para velar por los derechos de los abonados de telecomunicaciones, que la formalización de la relación se produzca en el momento en el que el usuario devuelve a la compañía el documento firmado (cláusulas generales y particulares). De esta forma, podrá comprobar si las condiciones de las que se informó telefónicamente por parte de la compañía corresponden a las que finalmente vincularán a las partes.
Otro de los aspectos es el propio contenido de los contratos. El Defensor del Pueblo ha conocido un contrato en el que bajo el epígrafe derechos del cliente figura el derecho de éste a que el operador facture por anticipado la cuota fija de la tarifa contratada, en lugar de a mes vencido como es habitual en el mercado. Esta facturación anticipada no puede constituir derecho alguno, puesto que factura un consumo no generado.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información reconoce que la formalización de los contratos entre ciudadano y operador de telecomunicaciones no está regulada y considera que los derechos de los usuarios están claros.
Para esta institución, las administraciones deberían tomar una participación más activa y rápida en sus deberes de vigilancia de un mercado muy potente pero que está desequilibrado en las relaciones operador cliente, así como sancionar las conductas contrarias a la legislación vigente. Es necesario dar mayor publicidad a los derechos de los abonados para que estos queden debidamente garantizados.
Véase:
24/07/2014. Estudio sobre telecomunicaciones, demandas y necesidades de los ciudadanos. (Julio 2014)
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