La relevancia de las instalaciones escolares en la calidad de un sistema educativo es evidente. Nadie duda que una escuela técnica o una facultad con un buen laboratorio dotado de los medios adecuados y con una biblioteca actualizada con las últimas publicaciones científicas facilita la mejor formación de los estudiantes. Sin embargo a menudo esa relación entre las instalaciones educativas y los resultados académicos no se percibe tan claramente en los niveles educativos anteriores a la universidad.
Una adecuada planificación de las necesidades educativas presentes y futuras y la previsión de las inversiones necesarias deberían evitar lo que es motivo de frecuentes quejas ante el Defensor del Pueblo por la deficiencia o insuficiencia de las instalaciones en las que se escolarizan los alumnos. A veces, porque el mantenimiento deficiente provoca el deterioro y la seguridad de las instalaciones; otras porque la saturación de los centros obliga a utilizar espacios comunes (biblioteca o laboratorio, por seguir con el ejemplo) como aulas para atender a la demanda de plazas; también porque en zonas urbanas de rápido crecimiento no se ha previsto con antelación suficiente la dotación de infraestructuras educativas y los alumnos han de desplazarse a otras zonas; y, con frecuencia, la escolarización se realiza en aularios provisionales que no cumplen con los requisitos mínimos exigibles y cuyo uso se prolonga en el tiempo más allá de lo razonable.
Es imprescindible, por tanto, realizar un mayor esfuerzo previsor e inversor para dotar y mantener unas instalaciones educativas adecuadas que garanticen la escolarización de los alumnos en su entorno, con disponibilidad efectiva de los medios precisos para el desarrollo del proceso educativo y en condiciones adecuadas de seguridad y accesibilidad.
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