La institución sigue desde hace tiempo la situación de los trabajadores agrícolas que se desplazan para emplearse en campañas de recolección. Se ha efectuado una visita a varios asentamientos de infraviviendas que han crecido cerca de los tajos de trabajo en diversas localidades de la provincia de Huelva. Lo que en principio fueron infraviviendas para unos días han dado lugar a enclaves estables con creciente presencia femenina e incluso de niños.
Estos enclaves no reúnen condiciones higiénicas, ni cuentan con agua potable o saneamientos. Pero su desmantelamiento sin poner en marcha medidas de normalización de las condiciones de vida de sus residentes no lo resolvería.
Esta institución abrió actuaciones con los Ayuntamientos onubenses de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, con la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El resultado de este trabajo son las conclusiones y recomendaciones que se han dirigido recientemente tanto a los municipios indicados como a la Administración autonómica.
Se trata de tomar conciencia de que estos asentamientos constituyen núcleos de población que se formaron y estabilizaron ante la falta de alternativas. Ni cabe ignorar su existencia, ni parapetarse tras limitaciones competenciales y de recursos para dejar que la situación se perpetúe o se degrade. Las Administraciones han de sentarse a trabajar juntas, incorporar en ese diálogo a los actores relevantes (empresariado, entidades no gubernamentales y los propios residentes) y llegar a un plan de actuación para mejorar sustancialmente las condiciones de dichos asentamientos porque en la actualidad estas no son aceptables. También es preciso mejorar la colaboración en los ámbitos de protección de menores, educación y sanidad.
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