Los ciudadanos tienen derecho a identificar a los funcionarios policiales con los que se relacionan, sea en una comisaría, en un calabozo, en otra instalación policial o en la vía pública. Este derecho se refiere a un número de identificación que permita –si fuere necesario– determinar la identidad completa de la persona de que se trate.
Cuando no resulta posible identificar a los funcionarios que han participado en la comisión de un ilícito penal o administrativo pueden quedar impunes conductas rechazables y se produce un deterioro de la imagen y el prestigio de los cuerpos policiales. Una correcta identificación es positiva para los ciudadanos, para los funcionarios y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Contribuye a la mejora de la calidad de los servicios que se prestan, fortalece la confianza de los ciudadanos en la Policía, facilita el esclarecimiento de la verdad cuando hay incidentes en la calle y es expresión de una saludable transparencia.
El pasado mes de julio, y con el fin de fortalecer el derecho ciudadano a la identificación de los funcionarios policiales, el Defensor del Pueblo ha formulado dos Recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad. La primera ha sido “realizar pruebas para determinar objetivamente el tamaño mínimo y las características que debería tener el número de identificación personal para que pueda ser leído sin dificultad por los ciudadanos”. La segunda, “extender el uso del número de identificación de alta visibilidad a todas las actuaciones de las Unidades de Intervención Policial, aún en el caso de que no utilicen chaleco antitrauma”.
Se pretende con estas Recomendaciones mejorar las posibilidades de identificación a una distancia prudente, con especial atención a las Unidades de Intervención Policial, que han de actuar en situaciones difíciles en las que la preservación de la seguridad se debe conciliar con la garantía de los derechos fundamentales.
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