La protección de los animales domésticos emana fundamentalmente de leyes autonómicas y de ordenanzas locales. No existe una legislación estatal que establezca unos criterios mínimos de protección, solo hay algunas leyes que trasponen Directivas europeas, como el transporte de animales o su uso para fines científicos o de experimentación.
Gran parte de las quejas que recibe el Defensor del Pueblo se refieren al trato de perros y gatos. Los casos afectan a animales abandonados, errantes o al incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los animales o de sus lugares de descanso, tanto en viviendas particulares, como en centros municipales. Es primordial una ágil respuesta municipal para evitar malos tratos a los animales y destinar recursos económicos para mantener las instalaciones municipales en un estado adecuado.
Otras quejas se refieren a la utilización de animales en fiestas populares. Se aprecia una mayor protección hacia el animal pero aún persisten prácticas que suponen en algunos casos la muerte de los animales: patos perseguidos y capturados por nadadores; matanzas en las que el sacrificio de los cerdos se realiza sin aturdimiento previo a su sangrado; toros enmaromados; lanzamientos de animales desde campanarios, etcétera. Se ha de supervisar el cumplimiento de las condiciones de autorización de los festejos con animales durante su realización.
Las asociaciones ecologistas se quejan de que la Administración no les reconoce la condición de interesado en los procedimientos sancionadores que tramitan, cuando han sido dichas asociaciones las que han denunciado las infracciones de la normativa, lo cual impide su participación plena en el procedimiento. Esta institución ha sugerido a las Administraciones que se reconozca la condición de interesado cualificado a estas asociaciones protectoras de animales pues se constituyen con la finalidad de proteger a los animales y, por tanto, son titulares de un interés legítimo.
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