Tal y como nuestra Constitución proclama todos tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. De igual forma establece que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Esta institución, que mantiene una preocupación constante por el respeto y la preservación del medio ambiente, no puede permanecer impasible ante hechos como la muerte, provocada por uno o varios desaprensivos, del Roble Grande de la Solana en Extremadura, un árbol monumental que desde hace más de tres siglos embellecía, a las afueras de Barrado (Cáceres), el Collado de Paula, ubicado en la comarca situada entre la comarca de La Vera y el Valle del Jerte.
Es más, parece ser que no es un caso único, al haberse detectado el envenenamiento provocado de otro árbol monumental en el mismo territorio.
Estas conductas, sin sentido, son dolorosa muestra de hasta donde puede llegar la insensatez humana.
Por tanto, consciente de las actuaciones desarrolladas por la administración autonómica y por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), en relación con estos hechos, el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de ante la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio con el fin de conocer, entre otras cuestiones, las medidas de protección de que disponía el citado roble y otros árboles singulares de esa Comunidad dañados.
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