Los Derechos Fundamentales que emanan de la dignidad de la persona constituyen el fundamento del orden político que establece la Constitución, norma suprema de nuestro país, siendo los niños y adolescentes portadores de estos mismos derechos y destinatarios de una especial protección. Así lo reconoce nuestra Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 y ratificada por España en 1990.
El aumento de la pobreza que ha provocado la crisis económica conlleva situaciones que impiden no sólo el pleno ejercicio de los derechos fundamentales sino que en el caso de los niños y adolescentes pueden provocar además una serie de privaciones en materia de educación, salud y alimentación de efectos irreversibles tanto sobre su desarrollo físico como psíquico que afectaran de manera negativa sus capacidades futuras, lo que supone una clara vulneración de los derechos que les reconoce la Convención de los Derechos de los Niños que España, al ratificarla, se ha comprometido a respetar y proteger.
El crecimiento económico es indispensable para conseguir los niveles de bienestar que garanticen a todos el ejercicio de sus derechos, pero el tránsito hacia estos niveles debe hacerse con una visión integral e integradora que favorezca un desarrollo económico y social globalizado que acabe con la inequidad y la pobreza para que todas las personas sin exclusión, también los niños y adolescentes, puedan ver respetados sus derechos fundamentales.
Es misión del Defensor del Pueblo velar para que estos derechos sean una realidad. Por eso mientras subsista el riesgo de pobreza y exclusión social se siente en la responsabilidad de promover actuaciones por parte de las administraciones públicas que ayuden a paliar las consecuencias de la pobreza sobre todo para que los niños y adolescentes puedan abrirse al futuro con esperanza.
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