Las circunstancias por las que atraviesa nuestra sociedad con la crisis económica y financiera han ocasionado que durante los últimos años se reciban quejas que se refieren a los problemas de emergencia social a los que se enfrentan los ciudadanos ante un desahucio.
El municipio es el marco por excelencia de estos problemas y los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos. Por ello se recuerda a los consistorios que deben contemplar el desalojo de la vivienda tan sólo como último recurso, conforme a las reglas del derecho internacional y previa planificación de sus consecuencias.
Ante los casos en los que una unidad familiar sin recursos tiene que hacer frente a un desalojo inminente -máxime si en dicha unidad existen menores-, las actuaciones que se inician desde esta institución están encaminadas a controlar la actuación administrativa, desde el punto de vista de la prevención, intermediación y protección. Se solicita frecuentemente la búsqueda de soluciones habitacionales, siquiera alojamientos temporales, a las familias que se enfrentan a esta situación. Para ello se requiere, y así se solicita, una mayor coordinación con los servicios o departamentos sociales de las correspondientes administraciones afectadas.
En general tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos adoptan medidas que, en diferentes formas, contribuyen a aliviar la situación de estos ciudadanos, bien sea con la creación de departamentos específicos que ejercen de mediación para paralizar los desahucios por parte de entidades financieras, la creación de parques de viviendas destinadas a familias en grave situación socioeconómica, la modificación de reglamentos de adjudicación de viviendas por especial necesidad para baremar los casos de desahucio inminente, o con la aplicación de distintas medidas de apoyo e impulso para recuperar a las familias y evitar su exclusión social.
El Defensor del Pueblo informa a todas las personas que se dirigen a la institución a dónde tienen que acudir para poder defender adecuadamente sus intereses y de las diferentes opciones que disponen para afrontar su situación.
Véase:
22/01/2012. Crisis económica y deudores hipotecarios: Actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo (Enero 2012)
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