Los aspectos administrativos de la Administración de Justicia y, particularmente, los problemas relacionados con la falta de medios personales y materiales, son objeto de la atención del Defensor del Pueblo.
Una faceta de esta actividad es la realización de actuaciones ante las Administraciones competentes en la gestión del personal auxiliar de la Justicia. Estas Administraciones son el Ministerio de Justicia respecto de aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que no han asumido competencias en esta materia (Islas Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla), y la Consejería competente en materia de Justicia respecto de las demás Comunidades Autónomas, dando traslado de las situaciones en las que se pone de relieve no tanto una disconformidad con el contenido de una resolución judicial (en lo que el Defensor del Pueblo no puede entrar) como el hecho de que la dilación de un procedimiento trae su causa en la falta de personal de los Juzgados y Tribunales.
En un caso reciente, relativo a los Juzgados de lo Penal de Alicante, la situación constatada como difícil por el propio Consejo General del Poder Judicial, en la que el retraso en los asuntos hacía evidente la necesidad de reforzar la Oficina Judicial, el Defensor del Pueblo ha formulado una Recomendación a la Consellería competente de la Generalitat Valenciana, consistente en reforzar la Oficina Judicial de los citados Juzgados atendiendo a las propuestas elevadas por el Consejo General del Poder Judicial, mediante el nombramiento de funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y de Tramitación Administrativa que fueren necesarios.
La Consellería ha aceptado la indicada Recomendación, nombrándose a tres funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal para que apoyen a los distintos Juzgados de lo Penal de Alicante.
Véase:
03/08/2016. Recomendación a la Generalitat Valenciana, sobre la dotación de medios personales de los Juzgados de lo Penal en Alicante.
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