La crisis de los últimos años ha afectado con intensidad al empleo público. De una parte, las restricciones presupuestarias han dado lugar a limitaciones severas en la incorporación de nuevo personal y a la cobertura de bajas producidas por jubilación, enfermedad, incapacidades transitorias y otras circunstancias. De otra, los empleados públicos han sufrido recortes en derechos y beneficios sociales de los que hasta entonces venían disfrutando y también reducciones retributivas, con las que han contribuido muy directamente a la reducción del déficit presupuestario.
La contribución por tanto ha sido doble: peores condiciones laborales y retributivas e incremento del volumen de trabajo para mantener con eficacia las prestaciones y servicios que el empleo público atiende.
Superada la fase más aguda de la crisis ha de reconocerse el esfuerzo realizado por los empleados públicos y dar la bienvenida a las medidas adoptadas para restituir algunos de los derechos sociales y económicos que habían sido recortados. Entre estas medidas está la relativa a la devolución progresiva y parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que no ha alcanzado por igual a todos los empleados públicos que la padecieron en su momento. A todos afectó la medida y de manera inmediata. La devolución prevista y parcialmente aplicada no tiene en cambio esa nota de generalidad e inmediatez que caracterizó a la supresión.
Parece, por tanto, necesario que las distintas administraciones públicas agilicen los trámites normativos y burocráticos para que los empleados públicos recuperen la paga o la parte de la paga suprimida en su momento sin que se generen desigualdades entre ellos en razón de la Administración de la que dependan.
Véase:
Deja un comentario