En el año 2010 esta institución hizo público un informe sobre el respeto de los derechos de los menores en la programación y en los contenidos de televisión e Internet. El panorama –amplio acceso a Internet en los hogares españoles junto a una brecha digital que hace de niños y jóvenes la autoridad de sus casas en esta materia- señalaba unos riesgos que, principalmente a causa del acceso de alta velocidad a través de dispositivos móviles, se han incrementado.
Así lo confirman dos actuaciones seguidas por el Defensor del Pueblo, sobre las medidas de control de páginas Web que propagan y alientan ideas suicidas o autolíticas, especialmente entre los jóvenes, y sobre bulimia y anorexia que circulan por la red.
Ambas investigaciones han evidenciado los problemas existentes para disponer de una respuesta legal adecuada a estos fenómenos. Ciertamente ya existe una conciencia creciente sobre la existencia de las llamadas «comunidades peligrosas en línea» y se ponen en marcha iniciativas que intentan difundir una imagen real de los riesgos que se esconden en la red. Pero la normativa jurídica para que la sociedad pueda enfrentarse a los fenómenos más lesivos es muy diversa y va a un ritmo mucho más lento que el de popularización de las nuevas vías de comunicación digital.
El mundo digital supone ya, y supondrá cada vez más, múltiples oportunidades de dimensión global frente al que los ordenamientos nacionales se revelan insuficientes para establecer una regulación eficaz. Ha llegado el momento de promover una regulación uniforme, acompañada de un sistema de cooperación jurídica libre y responsable. Solo de esta manera las fronteras nacionales no podrán utilizarse como trincheras para hacer aquello que resulta socialmente peligroso y jurídicamente reprochable.
Véase:
16/03/2015 Informe anual 2014 (página 337)
25/02/2016 Informe anual 2015 (página 386)
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