El Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de garantizar la continuidad de la acción protectora a la dependencia (SAAD) en los supuestos de desplazamientos entre Comunidades Autónomas, es decir, personas dependientes que se desplazan por domicilios de familiares que viven en diversos puntos del territorio nacional. Este problema no está resuelto porque en la práctica la atención sólo queda asegurada en la Comunidad en la que está empadronada la persona dependiente.
Cuando el traslado tiene un carácter definitivo, la Institución tiene comprobados casos de hasta 13 meses de demora en la remisión del expediente entre administraciones autonómicas, a los que hay que sumar el tiempo de tramitación de programa individual de atención en el nuevo lugar de residencia.
El Defensor del Pueblo ha pedido que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, integrado por las administraciones responsables, tome cartas en el asunto y establezca un sistema viable para los traslados temporales. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales ha aceptado tratar el asunto en la reunión del Consejo.
El Defensor del Pueblo insistirá en ello, al igual que recuerda a las Administraciones sus obligaciones en el caso de interrupciones en la protección por demoras en los trámites de los traslados definitivos. El objetivo común tendría que ser establecer un sistema de cooperación entre las Administraciones que tenga en cuenta las necesidades vitales y afectivas de las personas dependientes y de sus familias, en lugar de obligar a estas personas a padecer las rigideces de unas organizaciones administrativas que siguen criterios y procedimientos complejos, y no coordinados.
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