EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA


El Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

El Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes entró en vigor el 22 de junio de 2006 y tiene por objeto la prevención de la tortura mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas a los lugares de privación de libertad, a cargo de un órgano internacional (el Subcomité para la Prevención de la Tortura, con sede en Ginebra) y de mecanismos nacionales de prevención de la tortura.

Tras la suscripción por el Estado español del citado Protocolo Facultativo, las Cortes Generales decidieron, a finales de 2009, atribuir la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de España al Defensor del Pueblo, a través de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que introduce una disposición final única en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Esta Institución ya había desarrollado desde el inicio de sus actividades de defensa y protección de los Derechos Fundamentales labores de prevención de la tortura.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de España, como órgano independiente, lleva a cabo un sistema de visitas periódicas a los lugares en que se encuentran personas privadas de libertad con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Dentro de las amplias competencias para la defensa y protección de los derechos fundamentales que ejerce el Defensor del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene como misión fundamental velar por el cumplimiento de lo establecido en los artículos 15 y 17 de la Constitución Española.

Para el ejercicio de esta función, el MNP realiza visitas preventivas a centros de privación de libertad dependientes de las distintas Administraciones Públicas españolas. La finalidad de estas inspecciones es verificar que los poderes públicos españoles y el personal a su servicio actúan conforme a los criterios exigidos por la normativa española e internacionalmente aceptados para este tipo de establecimientos, a los efectos de que no se den las condiciones que puedan facilitar malos tratos o prácticas de torturas en estas dependencias.

Las inspecciones se pueden realizar a:
  • Centros Penitenciarios
  • Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía
  • Cuarteles de la Guardia Civil
  • Comisarías de Policías Autonómicas
  • Dependencias de la policía local
  • Establecimientos militares: Acuartelamientos, Bases Navales, Bases Aéreas, Centros Militares de Formación, Hospitales, etc.
  • Depósitos municipales de detenidos
  • Depósitos judiciales de detenidos
  • Centros de internamiento de menores
  • Centros de Internamiento de Extranjeros
  • Centros de control fronterizo con instalaciones policiales en aeropuertos, puertos, fronteras terrestres
  • Centros hospitalarios (unidad de custodia)
  • Hospitales psiquiátricos
  • Centros geriátricos
  • Naves donde permanecen confinados polizones
  • Transportes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para traslados de personas privadas de libertad
  • Cualquier otro que pudiera reunir las condiciones que establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
En el ejercicio de esta función preventiva, el Defensor del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, podrá recabar además de las autoridades españolas todos aquellos documentos e informes que considere necesarios y estas deberán prestarle toda la colaboración que se les requiera.
La actuación preventiva del Mecanismo Nacional de Prevención consiste, esencialmente, en:
  • Realización de inspecciones regulares, no anunciadas, a centros de privación de libertad de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 19 a) del Protocolo Facultativo.
  • Realización de actas de inspección e informes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Protocolo Facultativo.
  • Realización de recomendaciones a las Autoridades de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 b) del Protocolo Facultativo.Realización de propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19. c) del Protocolo Facultativo.
El MNP recoge anualmente su actividad en un informe que presenta ante las Cortes Generales y ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
El titular del MNP es el Defensor del Pueblo, cuyo cargo, con el fin de garantizar su independencia, es incompatible con todo mandato representativo; con todo cargo político o actividad política; con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública; con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Asimismo goza de las siguientes prerrogativas:
  • No está sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibe instrucciones de ninguna autoridad y ejerce sus funciones con autonomía y según su criterio.
  • Goza de inviolabilidad, sin que pueda ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.
  • Es nombrado por las Cortes Generales para un periodo de cinco años, sin que pueda ser cesado en su cargo salvo por renuncia, por expiración del plazo de su nombramiento, por muerte o incapacidad sobrevenida, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo o por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se ha constituido como una unidad independiente dentro de la estructura orgánica del Defensor del Pueblo. La Unidad del MNP está compuesta por un responsable, cinco técnicos y dos administrativos con dedicación exclusiva. Otros dos coordinadores compatibilizan esta tarea con otras responsabilidades dentro del Defensor del Pueblo y ocasionalmente esta Unidad puede recibir el apoyo de técnicos de la Institución, integrantes en otras áreas relacionadas con esta materia, para la realización de visitas.

Asimismo, al objeto de poder cumplir con todas las funciones y expectativas que los organismos internacionales esperan del MNP, el Defensor del Pueblo ha celebrado contratos de colaboración con profesionales de acreditada experiencia y formación en materias como la medicina, la psiquiatría o la psicología para la asistencia y cooperación como expertos externos, acompañando a los integrantes del MNP en algunas de sus visitas, y contribuyendo a una evaluación integral y multidisciplinar de los centros y lugares de privación de libertad visitados.

El diseño completo del MNP previsto en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, conllevaba la creación de un Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención.

El texto completo de la reforma del Reglamento de organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo, por la que se determina la estructura, composición y funcionamiento del Consejo Asesor puede consultarse aquí.

Conforme a la misma, el Consejo estará integrado por la Defensora del Pueblo, los dos Adjuntos del Defensor del Pueblo y por un máximo de 10 vocales: un vocal a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española, otro designado a propuesta de la Organización Médica Colegial, un tercero a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, hasta dos representantes de instituciones con las que el Defensor del Pueblo tuviera suscritos convenios de colaboración, y, finalmente, cinco vocales, que serán designados de entre las candidaturas que, a título personal o en representación de organizaciones o asociaciones representativas de la sociedad civil, se presenten al Defensor del Pueblo.

La composición actual del Consejo Asesor, presidido por la Defensora del Pueblo, Dña. Soledad Becerril Bustamante, es la siguiente:

- D. Francisco M. Fernández Marugán, Adjunto Primero del Defensor del Pueblo (miembro nato del Consejo).

- Dña. Concepció Ferrer i Casals, Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo (miembro nato del Consejo).

- Dña. Milagros Fuentes González, Abogada en ejercicio y Patrona de la Fundación Abogacía Española, designada a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española (término de su mandato: 2017).

- Dña. Berta M.ª Uriel Latorre, Doctora en Medicina y Jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, designada a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (término de su mandato: 2017).

- Dña. Vicenta Esteve Biot, Psicóloga clínica y Secretaria del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana, designada a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España (término de su mandato: 2019).

- Dña. Mª José García-Galán San Miguel, Magistrada y miembro del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa (término de su mandato: 2019).

- D. Emilio Ginés Santidrián, Abogado en ejercicio y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas (término de su mandato: 2017).

- D. Jesús López Medel Báscones, Abogado del Estado y Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria (término de su mandato: 2019).

- D. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (término de su mandato: 2019).

- D. Julián Carlos Ríos Martín, Profesor Propio Ordinario de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas y Abogado especializado en Derecho Penitenciario (término de su mandato: 2017).

A través del Consejo Asesor esta Institución pretende establecer un cauce permanente de diálogo y cooperación con la sociedad civil y con especialistas acreditados en las cuestiones de interés para el MNP español, que permita enriquecer las perspectivas con las que ha de trabajar. Los vocales pueden acompañar a los equipos de visita en el desarrollo de su actuación.

El MNP desarrolla su actividad preventiva siempre de oficio, ya que la investigación de quejas o denuncias relacionadas con los malos tratos o la tortura, como actuación reactiva, corresponde a las distintas Áreas del Defensor del Pueblo existentes al efecto. Así, cualquier información relativa a denuncias o casos concretos que se dirijan al MNP es inmediatamente trasladada a dichas Áreas para su estudio.

- Instrucción 7/1996 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior - Instrucción 5/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior - Instrucción 19/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior - Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior - Instrucción 12/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior - Instrucción 13/2014 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior - Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior - Instrucción 12/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior