TRANSPARENCIA

La proclamación del principio de publicidad, que es característica de los sistemas democráticos avanzados, busca abolir el secreto como regla general de la actuación de los poderes públicos, intentando que el ejercicio del poder sea transparente.

En democracia, la legitimidad del poder descansa en última instancia en los propios ciudadanos, como corresponde a la soberanía popular que nuestra Constitución consagra en su artículo 1º. Por ello, cobra todo el sentido hacer notoria, vista y sabida por todos la actuación de los poderes públicos, que ha de hacerse desde la máxima transparencia.

El 10 de diciembre de 2014 entraron en vigor para la Administración General del Estado los Títulos Preliminar, I y III de la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispusieron de un año más, hasta el 10 de diciembre de 2015, para adaptarse a sus obligaciones. Estos títulos regulan el ámbito subjetivo de aplicación, la publicidad activa, el derecho de acceso a la información y el Consejo de la Transparencia. Por su parte, las disposiciones del Título II, relativo al Buen Gobierno, entraron en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley en el BOE, el 10 de diciembre de 2013.

Los aspectos más importantes de la Ley 19/2013 son, primero, la exigencia de publicidad activa en materia institucional, organizativa, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria y estadística, y, segundo, el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública y la creación de un procedimiento para el ejercicio del mismo.

Con la intención de avanzar en esta dirección, la Institución del Defensor del Pueblo hizo pública esta sección de transparencia el 14 de enero de 2013, y durante todo ese año, 2014, 2015 y 2016 se ha ido completando con todos los contenidos que se han considerado significativos para el conocimiento general, más allá de los exigidos por la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.