El Defensor del Pueblo insta en sus actuaciones a la prevención, la compensación, la reparación de daños y la restauración del medio. Se preocupa por un mantenimiento adecuado y sostenible de los recursos naturales (aguas, costas y playas, montes, espacios protegidos, fauna y flora) y por la contaminación e impacto ambiental (ruido, vertidos, residuos).
Se dirige a los poderes públicos para que se tengan en cuenta los aspectos ambientales en la normativa, así como en la ejecución de planes o proyectos de infraestructuras (carreteras, aeropuertos, ferrocarriles), entre otros.
El acceso a una vivienda y los problemas que se derivan de ello, especialmente los relacionados con la vivienda pública, tales como las ayudas para su adquisición, su alquiler o rehabilitación, son asuntos de los que también se ocupa la Institución.
La pérdida de la vivienda por desahucios o desalojos, incluidos los de asentamientos chabolistas, forman parte de las actuaciones que lleva a cabo el Defensor del Pueblo.
Además, supervisa la actuación de las administraciones públicas para que se garantice la participación pública, la información a los ciudadanos y el cumplimiento de la legalidad urbanística. Los planes urbanísticos y su desarrollo y gestión, la edificación, la concesión de licencias, las expropiaciones y el deber de conservación de inmuebles son cuestiones en las que actúa el Defensor del Pueblo.
También vigila la correcta prestación de los servicios municipales: suministro de agua, alcantarillado, alumbrado, cementerios, instalaciones deportivas y de recreo y gestión del padrón de habitantes. También el estado de los bienes públicos, como son, entre otros, los caminos vecinales, las calles y plazas y el mobiliario urbano.
