Defensor del Pueblo. Fachada con placa

Derechos humanos

Los derechos fundamentales no serían efectivos si no hubiera garantías. Por eso, la Constitución y las leyes disponen todo un sistema de controles que permite prever, evitar o rectificar los casos y situaciones en que un derecho se ve en riesgo o pérdida. La primera garantía es la llamada reserva de ley: sólo por ley puede regularse el ejercicio de los derechos y libertades, ley que además y en todo caso debe respetar su contenido esencial. Otras garantías especiales son la tutela judicial, incluso en el caso de algunos derechos de carácter preferente y sumaria, así como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El Defensor del Pueblo se configura como una garantía institucional de los derechos constitucionales. El Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales, es decir que recibe de estas un encargo y es designado por ellas para proteger y defender los derechos de los ciudadanos reconocidos en el texto constitucional (artículo 54 de la Constitución).

Entre sus funciones destaca la de supervisar la actividad de todas las administraciones públicas (ministerios, consejerías de las comunidades autónomas, ayuntamientos, etc.). Su supervisión alcanza también la actividad de las empresas públicas y de los agentes o colaboradores de las administraciones cuando realizan fines o servicios públicos.

En 1981 las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo y la institución comenzó su actividad el 28 de diciembre de 1982, tras ser elegido su primer titular.

Cualquier ciudadano español o extranjero, persona física o jurídica, sea cual fuere su edad o situación legal en España, puede acudir al Defensor del Pueblo, individual o colectivamente, presentando una queja si considera que las administraciones públicas españolas han vulnerado los derechos reconocidos en la Constitución.

Además de presentar sus quejas, los ciudadanos pueden solicitar al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad o un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en los casos y con los requisitos previstos por la ley.

Si al Defensor del Pueblo no le compete la investigación de una queja, comunica al ciudadano por carta el motivo o las causas, aunque siempre que es posible intenta orientarle sobre las vías alternativas a las que puede acudir. Una vez admitida a trámite la queja, el Defensor del Pueblo se pone en contacto con la Administración involucrada para obtener información sobre el caso. Durante todo el proceso mantiene informado al ciudadano acerca de la investigación y de las respuestas recibidas de la Administración. Finalizada la investigación, comunica al interesado las conclusiones.

El Defensor del Pueblo no puede modificar o anular los actos y las resoluciones de las administraciones públicas, tampoco puede darles órdenes, pero si concluye que se han vulnerado los derechos constitucionales, entonces puede sugerir o recomendar a cualquier Administración que tome medidas para paliar o corregir la situación. Si como consecuencia de sus investigaciones el Defensor del Pueblo se convence de que la aplicación rigurosa de una norma puede conducir a situaciones injustas, entonces puede pedir la modificación de la norma.

El Defensor del Pueblo no puede intervenir si un juez o tribunal está ya juzgando o ha juzgado la cuestión planteada en una queja. La causa de esta limitación es el respeto al Poder Judicial, puesto que una vez sometido un asunto a su control le corresponde en exclusiva juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Asimismo, la discrepancia con las resoluciones judiciales debe plantearse ante los propios juzgados y tribunales por las vías previstas en las leyes procesales, sin que quepa tampoco en este caso la intervención del Defensor del Pueblo.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo también puede actuar de oficio, es decir sin necesidad de queja ciudadana previa. Todos los años elabora un informe sobre su actividad que ha de presentar a las Cortes Generales, así como informes monográficos sobre cuestiones concretas relativas al ejercicio de los derechos constitucionales. En otros apartados de la Web (“Quiénes somos” – “Sus competencias”) hay descripciones más completas de sus funciones.

Los derechos fundamentales no serían efectivos si no hubiera garantías. Por eso, la Constitución y las leyes disponen todo un sistema de controles que permite prever, evitar o rectificar los casos y situaciones en que un derecho se ve en riesgo o pérdida. La primera garantía es la llamada reserva de ley: sólo por ley puede regularse el ejercicio de los derechos y libertades, ley que además y en todo caso debe respetar su contenido esencial. Otras garantías especiales son la tutela judicial, incluso en el caso de algunos derechos de carácter preferente y sumaria, así como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El Defensor del Pueblo se configura como una garantía institucional de los derechos constitucionales. El Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales, es decir que recibe de estas un encargo y es designado por ellas para proteger y defender los derechos de los ciudadanos reconocidos en el texto constitucional (artículo 54 de la Constitución).

Entre sus funciones destaca la de supervisar la actividad de todas las administraciones públicas (ministerios, consejerías de las comunidades autónomas, ayuntamientos, etc.). Su supervisión alcanza también la actividad de las empresas públicas y de los agentes o colaboradores de las administraciones cuando realizan fines o servicios públicos.

En 1981 las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo y la institución comenzó su actividad el 28 de diciembre de 1982, tras ser elegido su primer titular.

Cualquier ciudadano español o extranjero, persona física o jurídica, sea cual fuere su edad o situación legal en España, puede acudir al Defensor del Pueblo, individual o colectivamente, presentando una queja si considera que las administraciones públicas españolas han vulnerado los derechos reconocidos en la Constitución.

Además de presentar sus quejas, los ciudadanos pueden solicitar al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad o un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en los casos y con los requisitos previstos por la ley.

Si al Defensor del Pueblo no le compete la investigación de una queja, comunica al ciudadano por carta el motivo o las causas, aunque siempre que es posible intenta orientarle sobre las vías alternativas a las que puede acudir. Una vez admitida a trámite la queja, el Defensor del Pueblo se pone en contacto con la Administración involucrada para obtener información sobre el caso. Durante todo el proceso mantiene informado al ciudadano acerca de la investigación y de las respuestas recibidas de la Administración. Finalizada la investigación, comunica al interesado las conclusiones.

El Defensor del Pueblo no puede modificar o anular los actos y las resoluciones de las administraciones públicas, tampoco puede darles órdenes, pero si concluye que se han vulnerado los derechos constitucionales, entonces puede sugerir o recomendar a cualquier Administración que tome medidas para paliar o corregir la situación. Si como consecuencia de sus investigaciones el Defensor del Pueblo se convence de que la aplicación rigurosa de una norma puede conducir a situaciones injustas, entonces puede pedir la modificación de la norma.

El Defensor del Pueblo no puede intervenir si un juez o tribunal está ya juzgando o ha juzgado la cuestión planteada en una queja. La causa de esta limitación es el respeto al Poder Judicial, puesto que una vez sometido un asunto a su control le corresponde en exclusiva juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Asimismo, la discrepancia con las resoluciones judiciales debe plantearse ante los propios juzgados y tribunales por las vías previstas en las leyes procesales, sin que quepa tampoco en este caso la intervención del Defensor del Pueblo.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo también puede actuar de oficio, es decir sin necesidad de queja ciudadana previa. Todos los años elabora un informe sobre su actividad que ha de presentar a las Cortes Generales, así como informes monográficos sobre cuestiones concretas relativas al ejercicio de los derechos constitucionales. En otros apartados de la Web (“Quiénes somos” – “Sus competencias”) hay descripciones más completas de sus funciones.

El Defensor del Pueblo, además del alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos constitucionales, es también oficialmente en España la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH).

INDH y los Principios de París

Las instituciones nacionales de derechos humanos son órganos cuya finalidad es proteger y promover estos derechos en un país determinado. Han de cumplir las normas establecidas por los llamados Principios de París y han de ser reconocidas por las Naciones Unidas como tales INDH.

Los Principios de París se contienen en un documento definido en la capital francesa en octubre de 1991, fueron adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1992 y por su Asamblea General en 1993. Consisten en las exigencias generales de las INDH, es decir exigencias sobre su competencia y responsabilidades, sobre su composición y garantías de independencia y de pluralismo y sobre los métodos de funcionamiento, con otros principios adicionales.

Para la acreditación ante Naciones Unidas de que un organismo nacional queda designado como INDH ha de cumplir los Principios de París.

El Defensor del Pueblo de España tiene reconocido por Naciones Unidas el carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos.

En el año 2002, dentro del marco de colaboración en materia de promoción y estudio de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, con el apoyo de SM el Rey, instituyeron el Premio de Derechos Humanos Rey de España, que se otorga con periodicidad bienal.

El Preámbulo de la Constitución inicia esta con las siguientes declaraciones:

  • El deseo de la Nación española de establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran.
  • La proclamación de la voluntad de garantizar la convivencia democrática y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; de proteger a los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones; de promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar una digna calidad de vida; y de establecer una sociedad democrática avanzada.

    España está constituida como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (artículo 1º de la Constitución).

    Además de los anteriores, otro pilar del sistema de derechos está en los mandatos del artículo 9º de la Constitución:

  • Sujeción general de todos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
  • Tres mandatos especiales a los poderes públicos:
  • de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas;
  • de remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la libertad y la igualdad,
  • de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Un último pilar se encuentra el nuclear artículo 10, ya en el Título I, De los derechos y deberes fundamentales, del que se ha hablado anteriormente.

De la estructura de este título se deduce que los derechos fundamentales están clasificados en varias categorías:

    • CAPÍTULO PRIMERO – De los españoles y los extranjeros (artículos 11 a 13)
    • CAPÍTULO SEGUNDO – Derechos y libertades.

Artículo 14 – Igualdad ante la ley
Sección 1ª – De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (artículos 15 a 29)
Sección 2ª – De los derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 30 a 38)

  • CAPÍTULO TERCERO – De los principios rectores de la política social y económica (artículos 39 a 52)
  • CAPÍTULO CUARTO – De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (artículos 53 y 54)
  • CAPÍTULO QUINTO – De la suspensión de los derechos y libertades (artículo 55): sólo en situaciones excepcionales, por declaración del estado de excepción o de sitio (guerra).

En cuanto a las garantías, tenemos primero que el artículo 53 distingue:

  1. Los derechos con tutela especial: sólo la igualdad y los reconocidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo, bien ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario, bien eventualmente mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; esta tutela especial es aplicable también a la objeción de conciencia (artículo 30). Además, estos derechos sólo pueden ser desarrollados por ley orgánica;
  2. Todos los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo: vinculan a todos los poderes públicos; puede regularse su ejercicio sólo por ley, que en todo caso debe respetar su contenido esencial, en otro caso la ley podrá ser anulada por el Tribunal Constitucional;
  3. Los derechos del Capítulo Tercero: sólo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que disponen las leyes que los desarrollan.

Otra garantía principal, no judicial, es la del artículo 54: el Defensor del Pueblo, regulado por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.

En España, las normas sobre derechos fundamentales y libertades deben interpretarse de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por nuestro país (artículo 10 de la Constitución).

La Declaración Universal es un hito en la historia de los derechos humanos. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, y fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. Expresa  un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo.

España ha ratificado muchos tratados internacionales sobre derechos humanos. Algunos de los más importantes son los siguientes:

A) Generales:

  1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 19/12/1966), ratificado por España el 13/04/1977.
  2. Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Nueva York, 19/12/1966), ratificado por España el 17/04/1977.
  3. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Roma, 4/11/1950), ratificado por España el 26/09/1979.
  4. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Niza-Estrasburgo, 07/12/2000-12/12/2007), que entró en vigor el 01/12/2009.

B) Especiales:

  1. Carta Social Europea (Turín, 18/10/1961), ratificado por España el 6/05/1980.
  2. Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (Nueva York, 9/12/1948), adhesión de España el 13/09/1968.
  3. Convenio Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Nueva York, 21/12/1965), adhesión de España el 13/09/1968.
  4. Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados (Nueva York, 28/07/1951) y Protocolo adicional de 16/12/1966; adhesión de España el 22/07/1978.
  5. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Nueva York, 18/12/1979), ratificada por España el 16/12/1983.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Nueva York, 10/12/1984), ratificada por España el 19/10/1987.

Casi en paralelo con los tratados internacionales sobre derechos humanos, es posible establecer cuáles son las instituciones y organismos internacionales que atienden estos asuntos, bien para vigilar el cumplimiento, bien para elaborar informaciones, bien incluso para juzgar infracciones e incluso delitos. La Corte Penal Internacional fue creada a iniciativa de Naciones Unidas en julio de 1998 (Estatuto de Roma) y empezó a funcionar en julio de 2002; se considera el primer tribunal internacional permanente, juzga a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Los organismos son muy numerosos. Los más importantes, además de la Corte Penal Internacional, son descritos a continuación:

En el ámbito de Naciones Unidas se encuentran principalmente el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Ginebra, Suiza). Hay otros muchos organismos especializados.

En el ámbito del Consejo de Europa el órgano más importante es también de carácter judicial: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo, Francia). De gran relevancia práctica, este Tribunal garantiza el cumplimiento por los Estados de las obligaciones derivadas del Convenio de Roma de 1950; fue creado en 1959 y actúa también por demandas que presenten los ciudadanos o personas bajo la jurisdicción de un Estado firmante del Convenio. España aceptó la competencia del Tribunal en 1979.

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