Es competencia del Defensor del Pueblo supervisar que se respetan los derechos de reunión y asociación sin otras limitaciones que las previstas constitucionalmente.
La Institución también vigila que las víctimas de delitos encuentren amparo y reparación, que se tramiten con todas las garantías los procedimientos sancionadores y que el trato a las personas detenidas sea correcto.
Asimismo, son objeto de atención los problemas de acceso a la asistencia jurídica gratuita y al turno de oficio; los retrasos o dilaciones en los procesos civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales y la falta de medios personales o materiales en la administración de Justicia.
El Defensor del Pueblo puede actuar sobre asuntos generales de la Justicia, pero no sobre casos judicializados.
En materia de violencia de género, la Institución trabaja para detectar las carencias del sistema de protección de las víctimas de violencia machista y de sus hijos e hijas y efectuar las recomendaciones necesarias para su mejora.
En lo relativo a los centros penitenciarios la Institución vigila que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad y que las condiciones de estos lugares sean adecuadas. Los centros penitenciarios son visitados regularmente sin previo aviso.
