La electricidad y el suministro de agua, el transporte y las comunicaciones, son servicios esenciales para el desarrollo de una vida digna que se prestan tanto por las administraciones públicas como por empresas privadas, y todos los ciudadanos tienen derecho a su recepción.
El Defensor del Pueblo vela por que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para que ello sea así y para que las posibles mejoras afecten a todos.
El derecho a la libertad de empresa, los límites a su ejercicio, así como el funcionamiento de los mercados y su proyección en los derechos de los ciudadanos forman parte de la labor del Defensor del Pueblo.
La protección de los derechos de los inversores y de los asegurados es fundamental para que la parte más débil no se vea perjudicada. Los supervisores han de velar por el buen funcionamiento del mercado y el Defensor del Pueblo vigila el ejercicio de esa función.
El Defensor, además, supervisa también que el cobro de los tributos y los procedimientos aplicables sean justos.
