26/07/2018
El Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles y degradantes (MNP), realiza visitas no anunciadas a lugares donde se encuentran personas privadas de libertad.
Muchas actuaciones del MNP se realizan de forma conjunta con las áreas de gestión del Defensor del Pueblo. Estas son algunas de las más destacadas de 2017.
Visita al CIE de Aluche tras una noche de incidentes
La noche del 31 de julio de 2017 se produjeron incidentes en el CIE de Aluche (Madrid). Al día siguiente, un equipo de la Institución se desplazó a este centro para recoger testimonios y analizar la actuación de los organismos encargados de gestionar lo sucedido.
El MNP se reunió con el comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, con el director accidental del CIE, con funcionarios de servicio y con personal sanitario y de Cruz Roja. También se realizaron entrevistas con varios internos, entre ellos, uno sometido a aislamiento.
Además, y para poder realizar una adecuada reconstrucción de los hechos, se pidieron las grabaciones completas de los incidentes y copias de las diligencias efectuadas. Los técnicos de la Institución analizaron más de 90 horas de grabación correspondientes a 12 cámaras para verificar la concordancia de las imágenes con la versión oficial establecida por el atestado.
Como consecuencia de esta labor de supervisión, el MNP concluyó que no hubo un uso desproporcionado de las medidas de contención y seguridad, pero realizó tres sugerencias con el objetivo de mejorar la actuación de la Administración en situaciones similares que puedan darse en el futuro.
Así, se sugirió que se establezca un protocolo de seguimiento más estrecho de la situación y necesidades de los internos sometidos a aislamiento, especialmente cuando se mantengan restricciones para el libre acceso a los baños o cuando se aprecie que se niegan a comer o beber. Esta sugerencia fue aceptada. También fue aceptada la resolución del MNP para corregir la falta de sincronía horaria detectada en el sistema de registro y almacenamiento de todas las imágenes del centro.
Sin embargo, fue rechazada la sugerencia para que no se consignen en los partes de lesiones antecedentes personales del interno que no guarden relación con las lesiones objetivadas. La Dirección General de la Policía entiende que no puede intervenir directamente sobre este asunto, ya que la elaboración de los partes de lesiones corresponde a los servicios sanitarios y éstos guían su actuación por la normativa que regula la materia. No obstante, la Administración ha asegurado que informará al servicio médico de lo sugerido por la Institución.
Por otra parte, la Institución trasladó al Ministerio Fiscal los testimonios de varios internos que manifestaron haber sido objeto de malos tratos durante o como consecuencia de los incidentes y de otras diez personas que declararon ser menores.
Internamiento de extranjeros en Archidona (Málaga)
Entre los días 17 y 20 de noviembre, más de medio millar de hombres de origen argelino llegaron de manera irregular a las costas de Murcia y fueron internados en el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) en funciones de CIE de carácter temporal.
La Institución hizo un seguimiento exhaustivo de este asunto. Las instalaciones fueron visitadas en dos ocasiones. La primera inspección se realizó los días 23 y 24 de noviembre. En ella se detectaron numerosas carencias, el Defensor formuló diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía para que las personas allí internadas gozaran de los mismos derechos y garantías que en un CIE.
La segunda visita se realizó los días 21 y 22 de diciembre. En ella se pudo constatar que algunos servicios necesarios se habían ido poniendo en marcha de forma gradual pero persistían carencias. La gestión del uso de las instalaciones y el control del reparto de celdas siguió realizándose por los internos, la intimidad en la comunicación con los familiares no quedó garantizada y se evidenciaron problemas en las notificaciones procedentes de la Oficina de Asilo y Refugio. Además, se identificó a once menores entre los internos. El 16 de diciembre también se supervisó la devolución de un grupo de estas personas por vía marítima a Orán (Argelia).
El 29 de diciembre se encontró a un interno muerto tras ser sometido a un aislamiento que se llevó a cabo sin reconocimiento previo y sin que se efectuara vigilancia alguna durante 16 horas.
Este CIE provisional fue clausurado como tal el 10 de enero de 2018 y en la actualidad está operativo como centro penitenciario.
Menores extranjeros no acompañados en la Fiscalía de menores Barcelona
En julio de 2017 comenzó a registrarse un incremento significativo de la llegada de jóvenes que decían ser menores a las dependencias de la Fiscalía de Barcelona. En concreto, se pasó de una media de 76 menores al mes entre enero y junio de 2017, a 140 en julio, 145 en agosto, 160 en septiembre y 208 en octubre.
Según la explicación oficial, se colapsó la capacidad de acogida del sistema de protección, por lo que la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat de Cataluña dejó de asignar plazas mientras se realizaban las pruebas y trámites para la determinación de la edad. Algunos de estos jóvenes llegaron a pasar en la zona de custodia policial hasta 100 horas.
Tras visitar estas dependencias, se constató que el espacio disponible en los calabozos del área de custodia era claramente insuficiente para albergar a la cantidad de menores que llegaron a concentrarse en el edificio F de la Fiscalía de Barcelona.
El día de la visita no había menores pernoctando en estas dependencias. Se informó de que el problema se había resuelto asignando a todos ellos centros situados en provincias de Cataluña pese a que los interesados tuvieron que seguir acudiendo a las dependencias de Barcelona para realizar las distintas gestiones.
El MNP formuló un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía de la Generalitat ya que, en su opinión, la práctica seguida constituyó una privación de libertad sin base legal suficiente que la amparara y contraviniendo la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño que establece que la privación de libertad de un menor se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará únicamente como medida de último recurso y por el periodo de tiempo más breve posible.
También formuló una sugerencia a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña para que se tengan previstos espacios y evitar que en el futuro se vuelvan a utilizar lugares de custodia de menores infractores, u otras dependencias igualmente inadecuadas, como lugar de estancia para los menores extranjeros no acompañados que se encuentran pendientes de que se les asigne un centro de protección.
Muerte de un menor tras someterle a una contención en el CIMI de Melilla
En diciembre de 2017, días antes de que un equipo del MNP realizara una inspección al Centro de Internamiento de Menores Infractores “Ciudad de Melilla”, se realizó una contención a un menor que se desvaneció y tuvo que ser trasladado al hospital con una parada cardiorrespiratoria. El menor continuaba en la unidad de cuidados intensivos, en coma, el día de la visita y pocos días después falleció.
El equipo solicitó in situ los vídeos de la contención que en un primer momento no fueron entregados. La Consejería de Bienestar Social de Melilla envió todas las imágenes días después. Además, se solicitaron al Instituto de Gestión Sanitaria de la Ciudad Autónoma los documentos de ingreso, informe de hospitalización y la autopsia.
Tras visualizar los 110 vídeos relativos a esta contención, el Defensor del Pueblo cuestionó la falta de una autopsia judicial, sólo se realizó una clínica; la inexistencia de un parte de lesiones y la rudeza en la aplicación de la contención por parte de seis personas. Además, advirtió discrepancias entre la duración de la contención realizada y anotada en el registro de medios de contención del CIMI y el resultado de los vídeos visualizados. El Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Fiscalía sobre este asunto.
Se formularon varias sugerencias a la consejería competente para mejorar el protocolo aplicado en las contenciones y el entrenamiento del personal que deba llevarlo a cabo.
Hospital Psiquiátrico de Conxo
El año pasado el MNP realizó tres visitas a establecimientos de salud mental. Uno de los centros residenciales visitados fue el Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela. Allí se desplazó a finales de noviembre de 2017 un equipo del Defensor del Pueblo.
El Hospital, que tiene una capacidad de 240 plazas, fue inaugurado en 1885 y era el último dispositivo español de los llamados antiguamente «manicomios».
Durante la visita, se entrevistó a algunos miembros de los equipos directivo, médico y de personal. También se examinaron expedientes personales e historias clínicas, entre otros documentos. Asimismo, los técnicos mantuvieron entrevistas reservadas con algunos pacientes.
Se pudo constatar la existencia de personas ingresadas por periodos muy dilatados (entre 30 y 50 años).
Tras la visita se realizaron 14 sugerencias a la Administración. Entre otros asuntos, el MNP ha pedido que se formalice un sistema de documentación y archivo de las historias legales y administrativas de los pacientes; que se cree un libro donde queden registradas todas las visitas oficiales y que se garantice que el centro hospitalario cuenta con un modelo de parte de lesiones y que su personal sanitario conoce su existencia, así como el procedimiento a seguir en caso de tener que cumplimentarlo.
Además, también se sugirió que se revisen los protocolos de atención farmacológica a los pacientes con patologías más graves y cuya es prolongada; que se instale un sistema de videovigilancia en las habitaciones reservadas para la realización de contenciones mecánicas y en los pasillos de las unidades.
Aquí puedes ver el Informe Anual del MNP 2017