Respuesta expresa y motivada.

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé al escrito presentado por el compareciente el día 31 de enero de 2020 con número de registro 2020-..-..-….., reiterado el día 13 de marzo de 2020 con número de registro de entrada 2020-..-..-….., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SUGERENCIA:

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé al escrito presentado por el compareciente el día 31 de enero de 2020 con número de registro 2020-..-..-….., reiterado el día 13 de marzo de 2020 con número de registro de entrada 2020-..-..-….., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Fecha: 18/12/2020
Administración: Provincia de Alacant/Alicante. Ayuntamiento de Rojales
Respuesta: Aceptada
Queja número: 20020916

 


Respuesta expresa y motivada.

Se ha recibido escrito de esa alcaldía, referido a la queja arriba indicada.

Consideraciones

1.-De la información aportada por ese Ayuntamiento sobre la tramitación dada a la solicitud presentada por el interesado el día 31 de enero de 2020, ante todo se constata que a pesar de que la misma tuvo entrada en el Ayuntamiento hace más de diez meses, hasta la fecha aún no se ha dictado resolución expresa sobre la petición manifestada por usted en ella.

Esta falta de impulso y tramitación de la solicitud supone un incumplimiento de la obligación de resolver que tiene la Administración Pública según establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Esta institución viene reiterando que el silencio administrativo implica una contradicción con la exigencia de eficacia que ha de presidir toda actuación administrativa de acuerdo con los artículos 3 de la Ley 4/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 103 de la Constitución.

Así, el principio de eficacia exige de las administraciones públicas que se cumplan razonablemente las expectativas que la sociedad legítimamente les demanda, entre ellas, el deber de resolver expresamente las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares, ya que para que los ciudadanos puedan ejercer una adecuada defensa de sus derechos se requiere tener conocimiento de la fundamentación de las resoluciones administrativas, la falta de resolución lo que comporta es indefensión e inseguridad jurídica.

3.- El artículo 103 de la Constitución señala que la actuación de la Administración debe servir a los intereses de los ciudadanos, no debiendo repercutir las deficiencias de la actuación administrativa sobre los mismos, lesionando sus legítimos derechos, pues incumbe a las administraciones públicas regirse en sus actuaciones por los criterios de eficacia y servicio a los ciudadanos.

Es indudable, por tanto, que ese Ayuntamiento debe dar el correspondiente trámite a los escritos presentados por el interesado con celeridad, agilidad y eficacia. Los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta expresa, por escrito, fundada, en tiempo y forma, adecuada al procedimiento que corresponda y en congruencia con las peticiones formuladas, todo ello con prontitud y sin demora injustificada. La ausencia de una respuesta administrativa en los términos señalados a la solicitud presentada por el interesado hace más de diez meses supone un funcionamiento anormal de esa administración que debe ser puesto de manifiesto por esta institución.

El Defensor del Pueblo, de acuerdo con el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, por la que se rige esta institución, ha de velar porque la Administración resuelva expresamente, en tiempo y en forma, las peticiones y recursos que le hayan sido presentados, cumpliendo así lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.- Por cuanto se refiere al fondo del asunto, a juicio de esta institución queda acreditado por el informe emitido por la empresa concesionaria que el pago exigido al interesado es conforme a derecho al incluir exclusivamente la acometida hasta la vivienda, de responsabilidad del interesado como así se establece la reglamentación local, y no la ampliación de la red de alcantarillado cuyo gasto asume por tanto la entidad local.

Decisión

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, esta institución ha resuelto formular a ese Ayuntamiento la siguiente:

SUGERENCIA

Notificar al interesado la respuesta expresa y motivada que se dé al escrito presentado por el compareciente el día 31 de enero de 2020 con número de registro 2020-..-..-….., reiterado el día 13 de marzo de 2020 con número de registro de entrada 2020-..-..-….., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se agradece de antemano su colaboración y se solicita, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica que, a la mayor brevedad posible, comunique si acepta o no la SUGERENCIA, indicando en este último supuesto las razones en que funde su negativa.

Le saluda muy atentamente,

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo (e.f.)


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