El Defensor del Pueblo, en su calidad de alto comisionado de las Cortes Generales, tiene por mandato constitucional la misión de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas, a cuyo efecto puede supervisar las actuaciones de todas las administraciones públicas españolas.
El Defensor del Pueblo mantiene estrechas vinculaciones con las instituciones de naturaleza y fines análogos de otros países, y de manera muy especial con las establecidas en los países iberoamericanos, que de forma multilateral se concretan en su participación activa en la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), de la que es miembro de pleno derecho desde su fundación en 1995 y cuya presidencia ha ejercido en distintas ocasiones.
La Universidad de Alcalá desarrolla un significativo trabajo en el campo de la promoción, estudio e investigación de los derechos humanos, tanto a través de la docencia ordinaria de Grado que desarrolla su Departamento de Ciencias Jurídicas, como mediante el Programa de Doctorado en Derechos Humanos y el Master en Protección Internacional de los Derechos Humanos, en el cual participa de forma importante el Defensor del Pueblo. Asimismo, en el marco de esta Universidad se ha constituido el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (PRADPI), patrocinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por el Defensor del Pueblo, con el objetivo de fortalecer la institución del ombudsman en Iberoamérica a través de cursos de formación de su personal, investigación, elaboración de informes especializados, promoción, edición de materiales y asistencia técnica.
Como consecuencia de la actuación conjunta de las dos Instituciones en la promoción, difusión, estudio y análisis de los derechos fundamentales, el Defensor del Pueblo y el Rector de la Universidad de Alcalá de Henares suscribieron el 23 de julio de 2001 un convenio de colaboración por el que patrocinaron la creación de la “Cátedra de Democracia y Derechos Humanos”, adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá. En el año 2002, con el apoyo de SM el Rey, instituyeron el Premio de Derechos Humanos Rey de España, de cuya primera edición se hizo entrega en 2005 y que se convoca bienalmente.
En el año 2002, dentro del marco de colaboración en materia de promoción y estudio de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, con el apoyo de SM el Rey, instituyeron el Premio de Derechos Humanos Rey de España, que se otorga con periodicidad bienal, dispone de una dotación económica actualmente fijada en 25.000 € y una medalla creada para este galardón.
El objeto del Premio es servir de reconocimiento y estímulo a las entidades de naturaleza pública o privada que en España, Portugal y demás países de Iberoamérica se distingan por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos, o que impulsen la investigación y la puesta en práctica de programas de actuación dirigidos a promover estos valores.
Se han celebrado cinco ediciones del Premio de Derechos Humanos Rey de España, los años 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012. Las organizaciones galardonadas han sido la entidad brasileña Pastoral da Criança; la Fundación Myrna Mack de Guatemala; la asociación sin ánimo de lucro, con sede en Perú, Comité de America Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM); la organización no gubernamental “Un techo para mi País”, que tiene su oficina principal en Santiago de Chile y, en la última edición, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), de México.
La entrega del Premio se realiza por Su Majestad el Rey, en un solemne acto que se celebra en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, con la participación de los titulares de las dos Instituciones promotoras y patrocinadoras de este galardón y la asistencia de los miembros del Jurado, de representantes de las instituciones del Estado, Defensores del Pueblo iberoamericanos y comisionados parlamentarios para la defensa de los derechos humanos de las Comunidades Autónomas, Embajadores de los países de Iberoamérica y representantes del mundo académico y de la sociedad civil, entre otras personalidades.
