Colapso del sistema de solicitudes de protección internacional

15/11/2018

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer las medidas previstas para acabar con las largas esperas y condiciones que han de soportar los ciudadanos extranjeros que quieren iniciar los trámites para solicitar protección internacional en Madrid.

Hasta el pasado 28 de mayo, estas personas podían solicitar la cita por teléfono (llamando al 060). Sin embargo, el Ministerio del Interior modificó el procedimiento y centralizó el trámite en la sede de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid (Comisaría de Aluche) que sólo atiende a 99 personas al día.

Esta limitación de cupo obliga a muchas personas, entre ellas mujeres embarazadas, madres con niños o personas con alguna enfermedad y otras personas vulnerables, a esperar sin éxito a la intemperie durante varios días. El Defensor recuerda que las demoras en el inicio del procedimiento provocan graves perjuicios a los solicitantes de asilo ya que no pueden acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado su solicitud y la mayoría carece de recursos, por lo que quedan en situación de calle durante meses.

El nuevo procedimiento ha generado un importante número de quejas en la Institución en las que se relatan las deficiencias en relación con la atención a los solicitantes y las condiciones en las que se desarrollan las entrevistas.

Las quejas por dificultades para la obtención de cita previa en los distintos procedimientos de extranjería en la Comunidad Autónoma de Madrid son muy frecuentes en el Defensor. En opinión de la Institución, la delegación de funciones que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) realiza en la Policía Nacional para la gestión de las citas de protección internacional viene a agravar la situación que ya padecen los ciudadanos extranjeros por la falta de una gestión eficaz del sistema de cita previa de extranjería.

El Defensor del Pueblo lleva tiempo advirtiendo de la insostenible situación  en la que se encuentra la OAR. Así, ha denunciado que el sistema de gestión de solicitudes de protección internacional español, ya sea de forma presencial o a través de internet, se encuentra colapsado.

En su Informe Anual de 2017 ya advirtió de que el sistema de acogida para los solicitantes de protección internacional no ha sido capaz de planificar las medidas de choque necesarias ante el aumento exponencial de solicitudes en un período corto de tiempo.

A juicio de la Institución, la lentitud en la adopción de medidas para solicitar refuerzo de personal ha provocado graves disfunciones y con ello perjuicios a los solicitantes. El Defensor apunta que la complejidad de las demandas exige contar con suficientes funcionarios formados que puedan dedicar el tiempo necesario a los expedientes complejos. Así, en su opinión, el recurso habitual a funcionarios policiales en situaciones en las que el órgano administrativo competente se ve desbordado por las circunstancias, no es adecuado y puede afectar a la calidad del procedimiento.

En su estudio El asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema de acogida (2016), el Defensor del Pueblo abogaba por mejorar la coordinación entre órganos y centros directivos de distintos departamentos ministeriales para la gestión de las solicitudes de protección internacional y de acogida de los solicitantes y aconsejaba revisar su dependencia orgánica y funcional.