La adjunta segunda, Patricia Bárcena, en Naciones Unidas

16/05/2023

La adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, ha intervenido en la 85 Sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, que se ha celebrado en el Palacio de las Naciones de Ginebra el 15 y 16 de mayo.

Bárcena ha participado, representando a la institución Defensor del Pueblo, en la Sesión de Examen del Informe a España donde ha presentado la contribución de la institución, en su condición de Institución Nacional de Derechos Humanos, al noveno proceso de revisión de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Durante la intervención ha señalado que, aunque se han producido avances importantes para adecuar el ordenamiento español a la Convención y a las recomendaciones del Comité, quedan cuestiones pendientes para la “real y efectiva eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer”.

De entre las quejas investigadas por la institución,  se ha destacado tres asuntos: violencia de género, procesos administrativos y judiciales y mujeres extranjeras, sobre los que ha señalado que “pese a que se han producido modificaciones legislativas, su aplicación práctica no ha tenido los efectos deseados”.

La adjunta segunda ha apuntado que se ha ampliado el concepto de violencia de género, pero continúa existiendo disparidad en los requisitos de acreditación de la condición de víctima en función de la Administración. Ha pedido, también, en materia de violencia de género, que se dote de recursos y personal especializado en atención jurídica, psicológica y social a los servicios públicos de atención a víctimas de violencia contra la mujer. Ha reclamado, asimismo, un protocolo para los servicios psicosociales y mejoras en los puntos de encuentro familiar autonómicos y locales.

En lo relativo a procesos administrativos y judiciales se ha insistido en la necesidad de mejorar el proceso de denuncia para que las víctimas no se sientan cuestionadas. Y ha recordado, al tiempo, la recomendación formulada por la institución para que se unifiquen en un único procedimiento los aspectos civiles y penales de la violencia de género que afecten a una misma unidad familiar, haciendo hincapié en que la situación de los niños y niñas víctimas directas o indirectas de la violencia de género y la violencia vicaria reciban la máxima atención.

Por otra parte, y en relación a las mujeres extranjeras, la adjunta segunda ha subrayado que 54.623 mujeres solicitaron protección internacional en España en 2022 y ha abogado por acometer una reforma estructural del sistema de gestión, tramitación y acogida para identificar vulnerabilidades. Además, ha resaltado que siguen existiendo carencias en la identificación y protección de las víctimas de trata y que a la institución Defensor del Pueblo le preocupa las condiciones de explotación y alojamiento de algunas mujeres temporeras que se desplazan cada campaña a las poblaciones rurales.