Administraciones entorpecedoras

21/06/2017

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la actitud entorpecedora de 19 ayuntamientos y del Colegio de Abogados de Guipúzcoa.

“Detrás de cada queja hay una persona que tiene derechos y que debe obtener una respuesta”, ha recordado.

El Defensor del Pueblo considera “administración entorpecedora” a aquella que no responde tras haberle enviado requerimientos en tres ocasiones y recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con la Institución y remitirle la información solicitada.

En caso de no colaborar, la Institución puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece el artículo 24 del Capítulo VI de la Ley Orgánica 3/81, que regula la Institución, tal y como ha hecho ahora con estos 19 ayuntamientos y con el Colegio de Abogados de Guipúzcoa.

ENVIADOS A LA FISCALÍA

Andalucía:

Tarifa (Cádiz). Falta de respuesta del ayuntamiento a un ciudadano. 404 días.

Vejer de la Frontera (Cádiz). Ausencia de respuesta sobre el acceso de animales a espacios públicos. 342 días.

Mojácar (Almería). Modificación de las condiciones de contratación de los apartados postales. 212 días.

Aragón:

Barbastro (Huesca). Desacuerdo con un expediente sancionador de tráfico. 392 días.

Asturias:

Cudillero (Asturias). Restablecimiento del suministro de agua a una finca. 502 días.

Gozón (Asturias). Implantación de una zona de estacionamiento regulado. 370 días.

Salas (Asturias). El reclamante pone de manifiesto que el ayuntamiento no ha recuperado parte de una vía pública que ha ocupado un particular. 198 días.

Canarias:

La Hermigua (Santa Cruz de Tenerife). Falta de contestación a las denuncias de unos asuntos urbanísticos. 343 días.

Castilla-La Mancha:

Noblejas (Toledo). El ayuntamiento envía información al Defensor que no concuerda con lo manifestado por el reclamante. 198 días.

Talavera de la Reina (Toledo). Falta de respuesta a un recurso contra liquidación del IVI. 212 días.

Carboneras de Guadazaón (Cuenca). Molestias por ruidos y olores ocasionadas por animales. 471 días.

Castilla y León:

Matallana de Torío (León). Falta de resolución de una reclamación contra la calificación de parcelas como urbanas y la repercusión en el IVI. 212 días.

Cataluña:

Reus (Tarragona). Falta de notificación de retirada de vehículo de vía pública. 370 días.

Comunidad de Madrid:

Arganda del Rey (Madrid). Falta de respuesta a un ciudadano que solicita información sobre la tasa de alcantarillado. 239 días.

Colmenar de Oreja (Madrid). Sobre una licencia a una clínica veterinaria. 315 días.

Comunidad Valenciana:

Gilet (Valencia).  Falta de respuesta y no reparación de los daños ocasionados en una fachada al colocar una señal de tráfico. 525 días.

Extremadura:

Zalamea de la Serena (Badajoz). Problema de contratación pública. 308 días.

Galicia:

Gondomar (Pontevedra). Desacuerdo de un ciudadano con un expediente sancionador de tráfico. 463 días.

Porto do Son (A Coruña). Contaminación de un manantial por aguas residuales. 229 días.

Colegio de Abogados de Guipúzcoa. Queja de un ciudadano por la actuación del abogado de oficio asignado por el Colegio. 187 días.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA: 

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