Violencia machista

20/09/2019

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha iniciado dos investigaciones de oficio por los dos nuevos crímenes machistas acaecidos esta semana, que se unen a las más de 50 actuaciones desarrolladas por la institución para garantía de los derechos de las víctimas. En ambos casos el Defensor ha pedido información a la Fiscalía General del Estado y en el asesinato de Madrid, también ha iniciado actuaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad.

Tras conocer el asesinato de una mujer en Madrid, presuntamente a manos de su pareja y en presencia de las dos hijas menores de ambos, el Defensor ha pedido a la Secretaría de Estado de Seguridad que remita información sobre la elaboración y comunicado a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal de la estimación del nivel de riesgo para la madre y para las menores que convivían con la pareja, al confirmarse que habían existido denuncias previas de la víctima y que las autoridades tenían constancia de que ésta había sufrido maltrato en diferentes épocas de su vida en común.

También ha pedido conocer a quien se remitió esta información y si se adoptaron otras medidas de protección adicionales, en especial las medidas de seguimiento tomadas tras la última denuncia de la víctima.

Además, Fernández Marugán se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para conocer el seguimiento dado por el Ministerio Fiscal a este caso teniendo en cuenta que la víctima tenía menores a su cargo. En concreto, el Defensor ha preguntado a la Fiscalía si había recibido comunicación de la estimación del nivel de riesgo de la víctima y qué actuaciones había realizado. En especial, la Institución quiere conocer si la Fiscalía de protección de menores había realizado alguna intervención tras la última denuncia interpuesta por la mujer asesinada, que fue finalmente archivada por parte del juzgado de Madrid.

El Defensor también está investigando de oficio el asesinato de las tres mujeres en la localidad pontevedresa de Valga. El pasado lunes el autor confeso asesinó a su ex pareja, a su ex cuñada y a su ex suegra en presencia de sus dos hijos menores.

Según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación la pareja estaba separada desde hacía dos años y en enero de 2018 obtuvieron la sentencia de divorcio. Además, al parecer, no constaban antecedentes ni denuncias previas por violencia de género ni en la Guardia Civil, ni en los servicios sociales, ni en el centro de información a la mujer de Valga.

Fernández Marugán ha pedido a la Fiscalía General del Estado información sobre el seguimiento de este caso. La Institución quiere conocer la actuación del fiscal en el procedimiento de divorcio de la pareja para tutelar los derechos de los menores y garantizar que las medidas que se adoptaron no perjudicaron los intereses de estos niños ya que, según se ha publicado, el entorno familiar conocía el carácter agresivo del padre y la mala relación de la pareja.

Más esfuerzos

Una vez más, el Defensor quiere reiterar su apoyo incondicional a las víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos, y afirmar tal y como reconoce el Convenio de Estambul, que la violencia de género es uno de los mecanismos sociales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres, y que por lo tanto, no solo se expresa en el ámbito doméstico.

Fernández Marugán reconoce con profunda preocupación que las mujeres y niñas se exponen a menudo a formas graves de violencia como la violencia doméstica, la violencia sexual, la violación, el matrimonio forzoso, o los crímenes supuestamente de “honor”,  que constituyen las más graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y reclama más implicación de las administraciones para acabar con todas las formas de violencia machista.

En este sentido, insiste en la necesidad de proporcionar formación especializada en violencia de género a los profesionales que intervienen en todo el circuito de la atención social integral a mujeres y menores víctimas, en especial a las personas al servicio de la Administración de Justicia y del poder judicial.

La Institución tiene abiertas varias actuaciones para conocer las medidas adoptadas por los poderes públicos para aplicar los compromisos asumidos en el Pacto de Estado contra la violencia de género y para intentar evitar nuevos crímenes machistas que están fracturando y socavando los derechos de las mujeres, de sus hijos e hijas y de la sociedad en su conjunto.