Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo

30/06/2026

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, a propuesta de la Mesa de la Comisión y a petición de los grupos parlamentarios Popular y Vox.

Ángel Gabilondo ha sido emplazado para informar, por un lado, sobre las actuaciones realizadas por la institución que dirige sobre las quejas recibidas acerca del transporte ferroviario y, por otro, sobre el impacto del uso de tecnologías digitales en la infancia y la adolescencia. La adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, asistieron a esta comparecencia del Defensor del Pueblo.

Transporte ferroviario

El Defensor del Pueblo inició su intervención en la Comisión Mixta refiriéndose a “dos de los episodios más dramáticos de la historia ferroviaria española reciente”, Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), ocurridos en enero de 2026. Según ha explicado, aunque se produjeron en contextos distintos -uno en alta velocidad y otro en red convencional- “comparten un elemento esencial: la relevancia crítica del mantenimiento de infraestructuras, la gestión preventiva del riesgo y la capacidad institucional de respuesta”.

En opinión del Defensor del Pueblo, ambos accidentes reflejan la necesidad de mantenimiento preventivo, de protocolos de evaluación del riesgo y de auditorías técnicas continuas. Además, evidencian la importancia de las investigaciones técnicas independientes que “no solo buscan identificar causas, sino también formular recomendaciones para evitar la repetición de incidentes similares”, ha destacado.

La institución recibió quejas ciudadanas tras producirse estos accidentes y, según ha avanzado Ángel Gabilondo, realizará, en el marco de sus competencias, “un seguimiento de las conclusiones que se alcancen en el seno de las investigaciones en marcha y de las medidas que puedan ser implementadas desde los poderes públicos para optimizar la seguridad de los servicios de transporte ferroviario”.

Asimismo, la institución se dirigió a la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible tras recibir la queja de una pasajera de uno de los trenes accidentados en Adamuz, preocupada por los efectos y consecuencias sobre la salud física y mental y la calidad de vida de las víctimas. Ángel Gabilondo ha informado sobre la respuesta dada por la Administración acerca de las ayudas establecidas y las vías para solicitarlas.

El Defensor del Pueblo también se ha referido en su comparecencia al trabajo realizado por la institución en materia de accesibilidad de las estaciones de ferrocarril, uno de los principales motivos de las quejas en relación con el funcionamiento del transporte ferroviario.

Otro de los asuntos que ha centrado la intervención de Ángel Gabilondo ha sido la situación de la red de Cercanías, fundamentalmente de Madrid y Barcelona, que suman entre ambas el 80% del total de viajeros, más de 356 millones de personas en 2025. Las deficiencias en el funcionamiento de este servicio son motivo reiterado de atención en los informes de la institución y, según ha recordado Gabilondo, “ya en el informe correspondiente al ejercicio 2024, incluyó un capítulo monográfico sobre este asunto”.

El Defensor del Pueblo ha explicado que en 2025 y 2026 se han continuado recibiendo quejas por deficiencias en Cercanías, principalmente de los servicios de Madrid y de Barcelona, pero también de Bilbao y Cantabria, y ha desgranado algunas actuaciones emprendidas al respecto y la respuesta de la Administración a las cuestiones planteadas.

En opinión de Ángel Gabilondo, “disponer de unos servicios de Cercanías modernos, fiables y eficientes, es esencial para el correcto funcionamiento de las ciudades, conectar los centros urbanos con las áreas periféricas, reducir la dependencia del vehículo privado y favorecer una movilidad más sostenible”.

El Defensor del Pueblo ha instado a que las medidas dirigidas a fomentar el uso del transporte ferroviario, incluidas las ayudas y subvenciones para los viajeros frecuentes, “vayan acompañadas de un esfuerzo inversor sostenido que asegure el adecuado mantenimiento de las infraestructuras y servicios, así como su continua modernización y mejora”.

Impacto de las tecnologías digitales en los menores

Por otra parte, y en relación con la influencia e impacto que tienen las tecnologías digitales sobre la infancia y la adolescencia, Ángel Gabilondo ha hecho un repaso de la situación y de la legislación aplicable tanto nacional como internacional. A su juicio, el debate, desde la perspectiva de la institución, “debe centrarse en la protección de la infancia y la garantía de sus derechos, evitando tanto una visión acrítica como una desconfianza absoluta hacia las nuevas tecnologías y hacia las empresas tecnológicas. Se trata de una cuestión compleja que exige un enfoque riguroso y equilibrado, alejado de planteamientos ideológicos”.

Según el Defensor del Pueblo, “resulta esencial garantizar la existencia de marcos normativos y medidas adaptadas a la infancia y a las distintas etapas de desarrollo para prevenir y abordar la violencia digital, así como mecanismos efectivos de rendición de cuentas”. Además, “estas actuaciones deben tener en cuenta la evolución de las capacidades de niños, niñas y adolescentes y sus diversas circunstancias, prestando especial atención a las experiencias y necesidades específicas de las niñas y las mujeres jóvenes”.

Ángel Gabilondo ha especificado que la actividad de la institución en esta materia se desarrolla en el ámbito sanitario y de asistencia social, el escolar y docente, y en el de las telecomunicaciones. En este contexto, ha subrayado el trabajo que realiza la institución cuando supervisa los centros de protección para menores tutelados o las unidades hospitalarias de salud mental. En ambos casos se ha podido constatar la creciente preocupación de los trabajadores que atienden a estos menores que, en general, reclaman más herramientas, recursos, formación y medios para afrontar el impacto que las redes sociales y las nuevas tecnologías tienen en los menores. Una vulnerabilidad que, según ha afirmado, “puede verse reforzada por los algoritmos de las plataformas, que tienden a potenciar contenidos extremos para incrementar la interacción y fomentar una búsqueda constante de validación social a través de los “likes” o “me gusta”.

Respecto al ámbito escolar y docente, Ángel Gabilondo ha destacado que numerosas familias han trasladado a la institución sus quejas y preocupación por los riesgos educativos, sociales y psicológicos asociados al uso de dispositivos digitales por parte de los menores, así como por el coste que supone su adquisición cuando no son facilitados por los centros sostenidos con fondos públicos.

El Defensor del Pueblo ha señalado, al respecto, que “la autonomía pedagógica de los centros debe conciliarse con el derecho constitucional a la gratuidad de la enseñanza y por ello este principio debe extenderse a todos los recursos digitales necesarios para el aprendizaje, incluidos los dispositivos individuales utilizados por el alumnado”. Además, ha resaltado que la institución ha instado a garantizar la gratuidad de los libros de texto y del material didáctico, tanto impreso como digital, así como una duración de las licencias digitales equiparable a la de los libros impresos para facilitar su reutilización.

También, ha apuntado que “sigue siendo necesario reducir la brecha digital mediante recursos públicos accesibles y programas de capacitación y alfabetización digital dirigidos especialmente a los colectivos más vulnerables.

En lo que respecta al auge de la Inteligencia Artificial, Ángel Gabilondo ha revelado que han llegado algunas quejas en el último año y ha manifestado que “este nuevo escenario exige un marco regulador que garantice la seguridad y la protección de los derechos fundamentales”. Según ha destacado, “el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, en vigor desde el 1 de agosto de 2024 y plenamente aplicable a partir del 2 de agosto de 2026, constituye el primer marco jurídico integral sobre esta materia en todo el mundo. Los Estados miembros han designado autoridades nacionales para supervisar su aplicación”.

Otro de los aspectos en los que las tecnologías digitales inciden notablemente es en el fenómeno del ciberacoso o ciberbullying, que genera consecuencias similares a las del acoso presencial. El Defensor del Pueblo ha asegurado que la institución “viene desarrollando una intensa actividad para ayudar a prevenir y responder a este problema”.

Ángel Gabilondo ha relatado una de las últimas actuaciones de la institución, tras recibir la queja del padre de una menor y detectar un aumento de casos en los que las redes sociales permiten el acceso y la exposición a contenidos nocivos que pueden poner en riesgo la integridad física e incluso la vida de los menores. Así, la institución se dirigió a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, al Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, y a la Fiscalía General del Estado para conocer qué medidas están llevando a cabo para abordar este problema.

El Defensor del Pueblo ha asegurado que “resulta necesario encontrar un equilibrio entre las oportunidades que ofrecen las herramientas de las nuevas tecnologías y los riesgos que generan” y ha afirmado que, aunque la legislación avanza para dar respuesta a estos desafíos, continúan surgiendo nuevos problemas y efectos no deseados. “Y la institución, en el ámbito de sus competencias, ha de estar atenta a todo ello”.