Presenta los informes 2022 y 2023 en la Comisión Mixta

26/04/2024

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este viernes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar los informes anuales de la institución correspondientes a 2022 y 2023. Se trata de la primera comparecencia del Defensor del Pueblo ante la actual Comisión Mixta, constituida en diciembre del año pasado, tras iniciarse la XV Legislatura.

La disolución de las Cortes Generales, en mayo de 2023, con motivo de la convocatoria electoral, suspendió la presentación del Informe anual de 2022 ante la Comisión Mixta, por lo que se ha llevado a cabo conjuntamente con la del Informe anual de 2023. 

Ángel Gabilondo, que ha acudido al Congreso junto a la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, ha destacado que en ambos ejercicios los ciudadanos han solicitado a través de sus quejas mejoras en los recursos y en la gestión de los servicios públicos esenciales como la Administración de Justicia, en sanidad o en educación. Según ha afirmado, “nuestros informes muestran los principales problemas de la sociedad y las carencias en la actuación de las administraciones para afrontarlos”.

El Defensor ha incidido en que se debe facilitar y garantizar atención adecuada en las gestiones y trámites que deben realizar los ciudadanos en su relación con las administraciones, y ha insistido en que los procesos de digitalización tienen que ser compatibles con la asistencia presencial, para no dejar atrás a quienes, por distintos motivos, tienen dificultades para acceder a la comunicación digital u online.

Asimismo, Gabilondo ha resaltado ante los diputados y senadores de la Comisión Mixta que “la pobreza es la gran exclusión y la reducción de la desigualdad ha de ser un objetivo prioritario del conjunto de los poderes públicos, y debe ser prioritario para las administraciones atender a aquellos ciudadanos más vulnerables”.

Más de 67.000 quejas en dos años 

En los ejercicios 2023 y 2022, la institución Defensor del Pueblo tramitó un total de 67.055 expedientes (35.603 correspondientes al año 2023 y 31.452 al año 2022). Las quejas recibidas en dicho periodo ascendieron a 66.003, las actuaciones de oficio fueron 538 y las peticiones de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, 514. Todos estos expedientes dieron lugar a 4.864 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones: 2.366 resoluciones en 2023 y 2.498 resoluciones en 2022. Los ciudadanos atendidos telefónica o presencialmente en estos dos años fueron 74.962.

Principales actuaciones del Defensor del Pueblo

Ángel Gabilondo ha hecho un repaso, en su comparecencia, de las principales actuaciones de la institución durante los dos cursos: 2022 y 2023.

La saturación en la Atención Primaria, el incremento de los tiempos y las listas de espera para atención sanitaria especializada, la insuficiencia de recursos específicos para una atención a la salud mental y las dificultades para acceder a tratamientos de última generación centraron las quejas y también las actuaciones del Defensor del Pueblo en materia sanitaria en 2022 y en 2023. Asimismo, se abrió una actuación de oficio con el Ministerio de Sanidad y con todas las comunidades autónomas, sobre al cribado del cáncer de mama, el más frecuente en las mujeres en España.

En materia de educación, Ángel Gabilondo ha señalado que el año pasado la institución quiso prestar especial atención a la prevención del acoso escolar y a la primera etapa de educación infantil. En dicho ejercicio (2023) se iniciaron también actuaciones de oficio sobre la adaptación de los centros docentes a las temperaturas extremas. En 2022, gran parte de las actuaciones realizadas en esta materia se centraron en los servicios educativos complementarios, como el de comedor escolar. A este respecto, el Defensor ha señalado que, aunque han aumentado las partidas presupuestarias, en ocasiones los umbrales de renta definidos para acceder a esos u otros servicios no contribuyen a compensar las desigualdades de los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables.

De las actuaciones relativas a la Administración de Justicia el Defensor ha resaltado las recomendaciones formuladas el año pasado para favorecer reformas normativas sobre la prescripción de los delitos cometidos contra la libertad de los menores, la asistencia jurídica o la protección de los deudores hipotecarios, entre otros asuntos. Además, ha mostrado su especial preocupación por las demoras, en particular en el orden jurisdiccional social, por afectar muchas veces a personas en situaciones de vulnerabilidad.

Tanto en 2022 como en 2023 volvieron a recibirse quejas por retrasos y dilaciones y por problemas de acceso a la nacionalidad y a los registros civiles. Se revela así un problema estructural que, a juicio del Defensor, debe ser abordado sin dilación.

En lo que respecta a política social, Ángel Gabilondo ha apuntado que en 2023 continuaron recibiéndose numerosas quejas relativas a la gestión de Ingreso Mínimo Vital (IMV) del que, por otra parte, ha asegurado que es una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. La institución considera que hay que introducir cambios organizativos y legislativos que garanticen que la prestación llegue a todos los que la necesitan en términos de justicia social.

En lo que se refiere a los asuntos migratorios Ángel Gabilondo ha explicado que en 2023 se realizaron dos visitas a Canarias, y recordó que la institución lleva alertando desde 2022 de la necesidad de adaptar los centros de acogida temporal de extranjeros a las necesidades de mujeres y menores, cuya llegada a las islas se ha incrementado notablemente en los últimos meses. Al Defensor del Pueblo le preocupa especialmente la situación de los casi 5.000 niñas y niños no acompañados que se encuentran bajo la guarda o tutela del Sistema de Protección de Menores a finales de 2023. El Defensor celebra que se esté trabajando en la modificación de la Ley de Extranjería para tratar de aliviar este asunto con el acogimiento en las distintas CCAA de los miles de menores que ahora se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla.

Asimismo, las dificultades para acceder al sistema de protección internacional por la falta de citas fue un asunto que protagonizó las quejas llegadas al Defensor del Pueblo en los dos últimos ejercicios. Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ha referido también a las actuaciones realizadas tras el salto a la valla de Melilla, el 24 de junio de 2022, en el que perdieron la vida al menos 23 personas. 

La violencia de género y vicaria ha sido otro de los asuntos destacados por el Ángel Gabilondo en su comparecencia. La institución ha formulado en estos dos años resoluciones para intentar contribuir a mejorar la respuesta de las diversas administraciones al problema y fortalecer la atención concreta a las víctimas. Uno de los asuntos en los que más ha profundizado en 2023 es en la acreditación de la condición de víctima de violencia de género.

El Defensor también ha resaltado la labor realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP). En estos dos años, se realizaron un total de 113 actas de visitas a lugares de privación de libertad, que dieron lugar a 1.513 resoluciones.

Las administraciones aceptaron de forma mayoritaria las sugerencias y recomendaciones realizadas por el MNP tanto en el seno del programa transversal sobre salud mental, como del programa sobre discapacidad para mejorar las condiciones de vida y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas con problemas de salud mental y discapacidad intelectual. También se abordaron algunas carencias en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y, entre otros asuntos, la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria en dichos centros.

Ángel Gabilondo ha repasado, asimismo, los trabajos realizados por la Comisión Asesora sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Trabajos que se iniciaron en 2022 para dar cumplimiento a la encomienda del Congreso de los Diputados para elaborar un informe que fue entregado a la presidenta de las Cortes Generales el pasado 27 de octubre de 2023, y al presidente del Gobierno el 2 de noviembre del mismo año. Dicho informe está pendiente de ser debatido con los grupos políticos en el Pleno del Congreso de los Diputados, tal y  como establece el texto de la encomienda.

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