Crisis económica y desigualdad

04/04/2019

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha instado a los poderes públicos a que actúen para hacer retroceder “el pozo de desigualdad sin precedentes”, consecuencia de la crisis económica que asoló España entre los años 2008 y 2014.

Así lo ha asegurado este jueves en un acto organizado por la ONG Prodiversa en el Ateneo de Málaga, donde el Defensor ha participado con una  conferencia cuyo texto se apoya en el estudio “Crisis económica y desigualdad”, publicado por la Institución dentro del Informe Anual 2017.

“A lo largo de los años de crisis han aumentado sensiblemente las desigualdades en la distribución de la renta y ha aumentado la pobreza, resultado en buena medida de la escasa cobertura de las políticas sociales aplicadas”, ha apuntado el Defensor.

A su juicio, “es un error suponer que cuando se sale de la crisis se reduce por si sola la desigualdad”. Por ello, y tras constatar que el retroceso que se ha experimentado en las prestaciones y en los servicios sanitarios, educativos y sociales no se ha compensado con nuevas políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes, el Defensor ha pedido “un papel más activo del Estado” para “proteger a los ciudadanos que corren el peligro de quedarse por el camino en estos tiempos de dificultades”.

En concreto, Fernández Marugán ha abogado por políticas que favorezcan la creación de empleo y doten de suficiencia presupuestaria a las prestaciones sociales y ha vaticinado que, de no hacerlo, “los conflictos que puedan producirse en una sociedad empobrecida darán lugar a unos altos antagonismos en lugar de a unos nuevos consensos”.

Así, en opinión del Defensor, es necesario revisar el funcionamiento de las políticas sociales dirigidas a mejorar los niveles de renta y de consumo de aquellos colectivos que por diversas circunstancias no alcanzan todavía a cubrir con cierta dignidad sus necesidades básicas.

“Hoy son muchos los ciudadanos que viven en España que necesitan la ayuda del Estado”, ha explicado y se ha referido especialmente a colectivos vulnerables como parados de larga duración; trabajadores pobres; familias con todos sus miembros en paro y familias con trabajo pero que no llegan a fin de mes; jóvenes sin trabajo y sin derecho a prestación por desempleo; jubilados; personas dependientes y niños y niñas en situación de pobreza.