Informe Anual 2017

19/03/2018

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán ha entregado hoy el Informe Anual 2017 a la presidenta del Congreso, Ana Pastor y al presidente del Senado, Pío García Escudero.

En 2017, la Institución tramitó 25.776 expedientes, entre quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).

Además, dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales.  Según ha explicado Fernández Marugán, el año pasado “vigilamos con atención, y seguiremos haciéndolo en 2018, el funcionamiento de los servicios públicos”.

Sanidad

En el ámbito sanitario, los ciudadanos se quejaron de la carencia de servicios o especialidades, la falta de medios personales y materiales y los problemas en edificios e infraestructuras. El año pasado la Institución se interesó por las listas de espera para la realización de pruebas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas.

El copago sanitario centró también el trabajo del Defensor del Pueblo, que recomendó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.

Otras actuaciones destacadas en el ámbito sanitario tuvieron que ver con la falta de suministro de algunos medicamentos, disfunciones y retrasos en el transporte sanitario y atención a las personas celiacas.

En 2017 se analizó, además, la actuación de las Administraciones en lo relativo a la atención a la salud mental, donde la insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente.

Violencia machista

La violencia machista preocupa especialmente al Defensor del Pueblo que en 2017 ha centrado sus esfuerzos en reclamar un doble enfoque, de género e infancia, a la hora de luchar contra esta lacra.

El Defensor espera que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “tan necesario y tan demandado”, no quede en una mera declaración de intenciones. En su opinión, las medidas en él recogidas deben implementarse con carácter urgente.

En noviembre, la Institución organizó la Jornada “Avanzando hacia la protección efectiva de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género” en la que reclamó mejoras en la protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Para el Defensor del Pueblo “un maltratador no puede ser nunca un buen padre” razón por la que considera que toda medida y cambio normativo destinado a otorgar protección inmediata y eficaz a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género es “necesaria e inaplazable”.

Vivienda

Impagos o demoras en subvenciones reconocidas para ayudas a la vivienda y problemas en la adjudicación de vivienda pública protegida acapararon las quejas recibidas en 2017 en esta materia.

El año pasado se actuó por la escasez de viviendas públicas protegidas y por los procesos de adjudicación empleados. En opinión de la Institución, la falta de coordinación entre administraciones y el hecho de que no compartan una base de datos única, especialmente en el caso de Madrid,  imposibilita conocer la demanda real para, en función de ello, ajustar las políticas de vivienda.

Al Defensor también le preocupan especialmente los casos de desalojos de familias con menores de edad a los que la administración no proporciona una alternativa habitacional para evitar su posible exclusión social. A su juicio, las ayudas proporcionadas no son suficientes para proteger el derecho a una vivienda adecuada y así se lo ha transmitido a las administraciones mediante sus recomendaciones.

Otro asunto destacado fueron problemas de convivencia en las viviendas públicas protegidas. Las reclamaciones y los problemas detectados siguieron aumentando y se mantuvieron reuniones con asociaciones de vecinos que se encuentran “desesperados” ante las situaciones que están padeciendo.

Impuestos

Las quejas relativas a los tributos (impuestos, tasas, contribuciones especiales), tuvieron que ver con la falta de medios que en ocasiones, puede conducir a errores, desequilibrios y a desigualdad de trato. Muchos contribuyentes se quejaron de las demoras en la tramitación administrativa y de la complejidad del sistema tributario.

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) sigue siendo el tributo que más quejas genera. También son criticadas por los ciudadanos las diferencias de tributación entre las comunidades autónomas.

El año pasado, la Institución recomendó a la Agencia Tributaria un plan de actuación que facilite el acceso al servicio de ayuda para la declaración de renta a todos lo contribuyentes que así lo soliciten. También pidió que se publicite en qué condiciones y a quién se presta el servicio de cita previa, mientras no sea viable ofrecerlo con carácter general.

Migraciones y protección internacional

En 2017, en el ámbito de la gestión de la inmigración y de la protección internacional, se han detectado numerosas carencias estructurales en la gestión de los procedimientos que afectan a un importante número de ciudadanos extranjeros.

En opinión del Defensor, gran parte de las deficiencias detectadas están provocadas por la ausencia de una política común. Un año más, la Institución reclama coordinación entre los distintos organismos de las administraciones públicas con competencias en la materia y la exigencia de una política migratoria que contemple el fenómeno en su totalidad.

Se han recibido numerosas quejas por deficiencias en el acceso al procedimiento de asilo, en la gestión y tramitación de las solicitudes, así como en el sistema de acogida a solicitantes de asilo y refugiados. Para el Defensor, la situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio, con más de 40.000 nuevas solicitudes de protección internacional presentadas en 2017 y más de 30.000 pendientes de resolver de años anteriores es “insostenible”.

Para la Institución también es “incomprensible” la demora en la publicación del Reglamento de Asilo que afecta gravemente a las personas solicitantes de protección internacional en cuestiones tan importantes como la reagrupación familiar.

Más de 29.000 personas fueron interceptadas en 2017 intentando acceder de manera irregular a España. A juicio de la Institución, ha llegado el momento de analizar la experiencia acumulada, aprender de los errores cometidos y planificar de una forma ordenada la atención a las personas que seguirán intentando alcanzar Europa a través de las costas españolas.

En 2017 más de medio millar de hombres de origen argelino que llegaron de manera irregular a las costas de Murcia fueron internados en el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) en funciones de CIE de carácter temporal. La Institución hizo un seguimiento exhaustivo de este asunto. Las instalaciones fueron visitadas en dos ocasiones. Además, se supervisó la devolución de un grupo de estas personas por vía marítima a Orán (Argelia).

 Tras la primera visita en la que se detectaron numerosas carencias, el Defensor formuló diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la Dirección General de la Policía para que las personas allí internadas gozaran de los mismos derechos y garantías que en un CIE. La Institución mantiene abierta una investigación de oficio por el suicidio de un interno en este centro.

Retraso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad

El retraso en la tramitación de los expedientes de nacionalidad continúa sin resolverse afectando no sólo al solicitante sino también a los miembros de sus familia que pueden caer en situación de irregularidad documental, a pesar de contar con largos períodos de residencia legal en España.

El Defensor del Pueblo considera que la Administración debe intervenir de manera urgente para solucionar la situación de las más de 400.000 personas que tienen pendientes de resolución sus solicitudes de nacionalidad por residencia.

La Institución reconoce el esfuerzo realizado tanto por la Administración como por los organismos en quienes se ha ido delegando la tramitación de cientos de miles de expedientes de nacionalidad. Sin embargo, considera que ha llegado el momento de hacer una evaluación del coste económico de esta medida y explorar otras formas de actuación que acaben con las demoras que sufren estas personas.

Justicia

La Institución inició una actuación de oficio por el aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, reflejado en las quejas que los ciudadanos han remitido al Defensor sobre este asunto. Estas quejas ponían de relieve la insuficiencia del marco jurídico actualmente en vigor para hacer frente a este tipo de prácticas ilegales. El Defensor ha formulado recomendaciones que han sido rechazadas. No obstante, el Ministerio de Justicia no descartó que en una eventual reforma del Código Penal se aproveche la ocasión para mejorar el tratamiento del delito de usurpación y otras medidas especiales que sirvan de ayuda a los perjudicados y víctimas de este delito.

El Defensor del Pueblo también quiere llamar la atención sobre los problemas prácticos que padecen los testigos protegidos y la importancia de esta figura para la persecución de delitos graves y complejos. La Institución considera que hay que repensar la legislación en esta materia.

En 2017, también hay que destacar la intervención del Defensor del Pueblo para evitar la extradición a Turquía de dos periodistas detenidos en España.

Otros asuntos

Todos los españoles han de obtener o renovar el DNI y el pasaporte. El Defensor del Pueblo ha debido reiterar este año una recomendación para reforzar el personal de las oficinas que expiden el DNI y el pasaporte y agilizar la cita previa.

Por otra parte, la huelga de examinadores de la Dirección General de Tráfico ha dado lugar a la presentación de miles de quejas (6.008) de ciudadanos afectados y colectivos interesados. El Defensor del Pueblo ha realizado un seguimiento pormenorizado del conflicto. A mediados de diciembre de 2017 finalizó la huelga.

Menores

Al Defensor del Pueblo le preocupa el elevado número de niños que se encuentra en acogimiento residencial. La Institución cree necesario un “cambio profundo” en las actuaciones administrativas y poner en marcha medidas adicionales que incentiven el acogimiento familiar y la adopción.

Por otra parte, el sistema legal de protección de menores se apoya en unas potestades muy contundentes de los organismos administrativos que pueden decidir la retirada de la guarda y la tutela de un menor a sus padres. En 2017 se recibieron numerosas quejas de ciudadanos por la indefensión que puede llegar a producirse si en la apreciación del riesgo o el desamparo por los servicios sociales de las administraciones competentes se produce algún error o una interpretación irregular. Por ello, el Defensor del Pueblo apunta a la necesidad de examinar el modelo procesal de oposición a las medidas administrativas de protección de menores para reducir los tiempos judiciales y variar dicho modelo hacia un sistema de examen y ratificación judicial obligatoria de las decisiones administrativas.

Personas Mayores

Se recibieron quejas por las dificultades para acceder a una plaza residencial adecuada a las necesidades de los usuarios. También llegaron quejas de residentes y de familiares que denunciaban escasez de personal y medios para ofrecer una atención adecuada a personas mayores con un grado de dependencia cada día más elevado.

En este contexto, el Defensor inició en 2017 una actuación de oficio con todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.

A la Institución le inquieta especialmente la situación de estas personas y considera que la edad de la población y la aplicación de la Ley de Dependencia convierten a los servicios de atención residencial en un elemento fundamental en la atención a estas personas. Por este motivo, quiere detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.

Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica

El elevado precio de la electricidad en España preocupa al Defensor del Pueblo, que ha remarcado que la energía eléctrica es un bien esencial para la vida y condición indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna.

En opinión de la Institución la regulación del sector eléctrico tiene que comenzar a tener en cuenta las implicaciones del suministro eléctrico para el ejercicio de los derechos fundamentales. Para ello es necesario un esfuerzo para cambiar el planteamiento y mejorar la coordinación entre la Administración General y las administraciones territoriales.

La Institución ha recomendado reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro, se proteja a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y se aplique a la electricidad un IVA reducido.

La nueva regulación del bono social eléctrico aprobada este año por el Gobierno recoge varias de las recomendaciones formuladas por la Institución que, en el estudio “Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica”, abogó por proteger especialmente los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

Medio Ambiente

La Institución actuó de oficio por la contaminación atmosférica de las ciudades españoles y para conocer los planes de prevención y los medios personales y materiales para luchar contra los incendios forestales. También se analizaron y se formularon resoluciones relativas a los cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas subterráneo en el entorno de Doñana.

Además, continuaron las actuaciones para conocer la repercusión del uso de medicamentos veterinarios con diclofenaco en buitres y se preguntó a la Administración por el Plan recuperación del lobo en Castilla La Mancha.

El ruido y los malos olores generados por actividades molestas volvieron a  protagonizar muchas de las quejas recibidas en 2017. En muchas ocasiones la respuesta de las administraciones es “lenta e ineficaz”, ya que parte de una visión que suele favorecer a los causantes del ruido frente a quienes lo sufren. Ante este tipo de quejas, el Defensor insta a los ayuntamientos a ejercer de manera efectiva sus competencias, mediante el control del cumplimiento de las licencias otorgadas para el ejercicio de la actividad y la inspección de los locales en período de máxima actividad. Asimismo, les recomienda que realicen mediciones del nivel de ruido (tanto en el local como en las viviendas afectadas) y que impongan las medidas correctoras o cautelares sin dilaciones.

Educación

La Institución siguió trabajando en 2017 para defender los derechos de los alumnos con discapacidad. Así, se formuló una recomendación al Ministerio de Educación para que los alumnos con problemas de aprendizaje y TDAH pudiera beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Otra actuación destacada es la recomendación para que se establezca la obligación de reservar un porcentaje mínimo de plazas de máster y doctorado para los estudiantes con discapacidad. La Institución también inició un expediente de oficio ante las universidades públicas para conocer si sus procedimientos de admisión para este tipo de estudios prevén reservar un porcentaje de plazas a estudiantes con discapacidad.

Empleo Público

El Defensor está firmemente comprometido en la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Algunas decisiones adoptadas por distintas administraciones públicas respecto de trabajadoras a las que correspondía ocupar un puesto de trabajo temporal pero no han podido incorporarse y desempeñarlo por razón de su reciente maternidad, pueden resultar discriminatorias, a juicio de la Institución.

Por este motivo, el Defensor ha recomendado a la Secretaría de Estado de Función Pública que dicte instrucciones para garantizar el ejercicio del derecho a disfrutar de baja de maternidad a las aspirantes a una plaza de empleo temporal, en el ámbito de la Administración General del Estado, que, en un proceso selectivo, han obtenido puntuación que les da acceso a ocupar la plaza y manifiestan su deseo de no incorporarse inmediatamente al puesto de trabajo que les corresponde para disfrutar de esta baja.

La solución adoptada consiste en que la mujer mantenga su número de orden en la lista y pueda acceder a la siguiente vacante que exista. El Defensor considera insuficiente esta medida.

Actividad del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP)

El Defensor del Pueblo, en su condición de MNP, ha realizado 107 visitas a lugares de privación de libertad el año pasado.  El conjunto de estas visitas implica que el MNP ha permanecido en el interior de los lugares de privación de libertad más de 90 jornadas completas de trabajo durante 2017.

En breve, se presentará el informe anual del MNP con información detallada de las visitas y las recomendaciones realizadas.

Consulta el informe anual 2017