El Defensor del Pueblo urge a las CCAA a adoptar políticas integrales de apoyo a las familias de acogida

29/07/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha formulado recomendaciones para que las comunidades autónomas adopten cuanto antes políticas integrales que garanticen la efectiva implantación del acogimiento familiar como medida prioritaria de protección de menores frente al acogimiento residencial, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

En concreto, la Institución cree necesario incentivar el acogimiento familiar y el número de familias acogedoras, aumentando las cuantías de las ayudas y prestaciones, y dando más y mejor apoyo, con programas de refuerzo psicológico y psicopedagógico, así como formación constante.

Además, el Defensor reclama una mejora en la calidad de los seguimientos y las visitas domiciliarias periódicas a las familias acogedoras.

Otra de las recomendaciones formuladas persigue que las comunidades autónomas reduzcan el tiempo de valoración de idoneidad de las familias o personas que se ofrecen para el acogimiento familiar de menores en sus distintas tipologías.

Asimismo, la Institución ha pedido medidas para aumentar el número de familias capacitadas para acogimientos especializados y avanzar en el desarrollo del acogimiento profesionalizado.

Por último, el Defensor del pueblo ha recordado a través de sus resoluciones la obligación legal (artículo 12.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) de resolver en los plazos establecidos y revisar cualquier medida de protección no permanente cada tres meses en casos de menores de tres años y cada seis meses respecto a los mayores de esa edad.

Actuación de oficio

El Defensor del Pueblo lleva tiempo advirtiendo sobre el elevado número de niños que el sistema de protección de menores todavía acoge en el modelo residencial. A pesar de que hay compromiso institucional con el acogimiento familiar y el sistema de protección avanza lentamente en esa dirección, la Institución ya advirtió en su último Informe Anual que el cambio del modelo no se ha conseguido más de treinta años después de la introducción de la figura en el Código Civil en los años ochenta.

En este contexto, y tras analizar en 2018 la situación de este asunto en la Comunidad de Madrid, el año pasado el Defensor inició una actuación de oficio con las demás comunidades autónomas para conocer qué medidas aplican para priorizar e incentivar los acogimientos familiares, aumentar la captación y selección de familias de acogida, así como para mejorar la formación y el apoyo.

Del conjunto de la información recibida, se puede extraer que el número de familias acogedoras es insuficiente para el número de menores en situación de acogida y que existen mayores dificultades para encontrar familias en los casos de mayores de 7 años, grupos de hermanos o menores con necesidades. Además, las cuantías de las prestaciones y ayudas que reciben las familias acogedoras son escasas, y eso hace que el sistema dependa casi en exclusiva del altruismo de las familias oferentes, el cual, a juicio del Defensor, es imprescindible pero no suficiente, si se quiere que el acogimiento familiar sustituya al residencial.

Reunión con ASEAF

Precisamente, Fernández Marugán mantuvo el pasado lunes una reunión con la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), para analizar los principales problemas que afectan al sistema de protección a la infancia en nuestro país.

Esta Asociación, que agrupa a más de 1.000 familias acogedoras en toda España, pudo trasladarle sus peticiones y propuestas, a raíz del último Informe Anual del Defensor del Pueblo en el que ponía de manifiesto el elevado número de niños en acogimiento residencial y la falta de familias de acogida.

Entre otros asuntos, los representantes de ASEAF lamentaron el incumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; instaron a que se considere el acogimiento familiar como medida prioritaria de protección a la infancia y que el acogimiento residencial sea una medida de último recurso y reclamaron más transparencia por parte de las Comunidades Autónomas en  las cifras y en los mecanismos de gestión y control del sistema.

Asimismo, aprovecharon el encuentro para mostrar su preocupación por la situación de los menores sin documentar o por el vacío legal al que se enfrentan los jóvenes extutelados cuando alcanzan la mayoría de edad, tanto aquellos que están en familias de acogida como los que salen de las residencias.

 



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