El Defensor del Pueblo se interesa por el desahucio de un donostiarra de 84 años

Desahucio persona mayor

20/01/2017

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) y ante el Ayuntamiento de San Sebastián tras conocer el caso de un donostiarra de 84 años que iba a ser desahuciado de su vivienda al no poder hacer frente a un préstamo contratado con un acreedor privado.

La Ley 2/2009 protege a los consumidores en negocios realizados con personas o entidades que no sean bancos y establece para los prestamistas profesionales requisitos similares a los de la banca, como inscribirse en un registro de consumo, prestar fianza, información previa y oferta vinculante.

Por ello, la institución ha pedido a la AECOSAN que compruebe si la empresa prestamista está inscrita en el registro correspondiente y si existen denuncias sobre su actuación.

Además, ha preguntado al Ayuntamiento de San Sebastián, que ha intentado mediar para evitar el desalojo mediante un alquiler social que ha sido rechazado por el acreedor, si tiene previsto alguna actuación posterior para ayudar a esta persona.

Este ciudadano solicitó un préstamo hipotecario sobre su vivienda que le fue concedido por una empresa. Las condiciones de dicho préstamo eran de un importe principal de 104.000 euros, a pagar en mayo de 2014, con interés ordinario del 19,5%. Ante la imposibilidad de hacer frente a la devolución de la deuda se ha  ejecutado el crédito hipotecario y se ha adjudicado la vivienda al acreedor por la mitad del valor de tasación.

En opinión del Defensor del Pueblo, la Ley 2/2009 no protege lo suficiente a los ciudadanos que tienen que acudir a estas empresas, por lo que ha recomendado en otra queja una nueva regulación más tuitiva con los consumidores, que parece haber tenido buena acogida por la Secretaría de Estado de Justicia.

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