El informe de urgencias hospitalarias se elaboró con la colaboración de 10 organizaciones de pacientes

29/01/2015

El informe “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes” presentado esta semana por la Defensora del Pueblo y los defensores autonómicos fue elaborado con la colaboración de 10 asociaciones y organizaciones de pacientes de toda España.

El documento, que examina la realidad de los servicios de urgencias y el impacto de su funcionamiento sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, analiza los problemas comunes al conjunto de los servicios de urgencias.

Para su elaboración, los defensores contaron con la participación de pacientes, profesionales sanitarios y gestores administrativos de los 17 servicios autonómicos de salud y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para Ceuta y Melilla. En concreto, la reunión con representantes de pacientes tuvo lugar en Madrid, el 16 de septiembre de 2014, y al mismo asistieron el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

A la jornada también asistieron la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), el Institut del’Envelliment de la Universitat Autónoma de Barcelona, Cáritas Española, Cruz Roja Española y Médicos del Mundo.

De las 12 organizaciones invitadas, cuya lista completa aparece detallada en la página 87 del informe que se puede consultar en la página web del Defensor, la Alianza General de Pacientes rechazó participar en la jornada de estudio que sirvió para conocer la opinión que los pacientes tienen del funcionamiento de las urgencias hospitalarias.

La Alianza General de Pacientes fue convocada a la reunión por medio de una carta personal de la Defensora de Pueblo, Soledad Becerril, a su presidente, Alejandro Toledo. Tras requerírsele confirmación de su asistencia por tres veces, Alejandro Toledo declinó la invitación explicando que no contaba con ningún experto con el perfil solicitado.
 

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