Informe registrado en las Cortes Generales

30/07/2026

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acaba de registrar en las Cortes Generales el informe “El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual” en el que formula once recomendaciones, a la Administración estatal y a diferentes órganos de las administraciones autonómicas con competencias en protección de la infancia y la adolescencia, para mejorar la protección de menores que se encuentran bajo la guarda y tutela de la Administración.

Ángel Gabilondo advierte sobre los casos de abusos o explotación en el sistema de protección de menores y subraya que “la violencia sexual sobre la infancia y la adolescencia es un gravísimo ataque a los derechos humanos que debe ser atajado, con rigor y firmeza, por la sociedad y por los poderes públicos”.

La institución Defensor del Pueblo, tras tener conocimiento por varias fuentes de diversos casos de abusos a menores que se encontraban en centros de protección, inició una actuación de oficio en el año 2022 con las administraciones públicas competentes para recabar información sobre esos casos y, al mismo tiempo, conocer los medios con los que cuentan las diferentes administraciones para hacerles frente.

La actuación, que se ha ido ampliando en los últimos años, se ha completado con la visita a varios centros de menores tutelados por la Administración: Residencia especializada en adaptación psicosocial Picón de Jarama, en Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid); Centro Educativo Terapéutico CET-Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz (País Vasco); Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Región de Murcia); Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Cataluña); Centro de Acogida Lucentum, en Alicante (Comunitat Valenciana); Centro Residencial Infantojuvenil Campillín, en Oviedo, y la Unidad Familiar Cayés, en Llanera (Asturias).

El objetivo de estas visitas era conocer de primera mano el contexto en el que se habían producido los abusos, cómo se habían detectado, cómo se había articulado el trabajo de los profesionales y cómo se había trabajado con las víctimas.

Recomendaciones

El informe pone de manifiesto que la mayoría de las administraciones no disponían de información de calidad y completa, ni estadísticamente tratada, sobre los casos de abusos o explotación sexual producidos mientras los menores se encontraban al amparo del sistema de protección.

El Defensor del Pueblo ha recomendado, al respecto, que tanto al Ministerio de Juventud e Infancia como a los órganos competentes en las administraciones autonómicas elaboren un estudio sobre el riesgo de explotación y abuso sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección, tanto en los centros residenciales de protección como en familias de acogida. Además, se les ha solicitado que impulsen la puesta en marcha del Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia Infantil y el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia, previstos en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Asimismo, se ha recomendado que cada comunidad autónoma apruebe la disposición general que regule las condiciones de autorización y funcionamiento de los centros residenciales de protección de menores en su territorio, con los requisitos mínimos que han de cumplir en materia de organización, personal técnico y auxiliar, materiales, protocolos de actuación y régimen de infracciones y sanciones.

También se ha recordado, en las recomendaciones emitidas, que la normativa vigente prevé que todas las entidades públicas de protección de menores han de contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a situaciones de violencia sexual, por lo que ha recomendado que las que aún no dispongan de ellos procedan a su aprobación.

Además, la institución sugiere ampliar la formación de los profesionales de estos centros en materia de detección, abordaje y acompañamiento de las situaciones de violencia sexual, y que se cuente con la figura del técnico referente en violencia y explotación sexual. También se recomienda la implementación de programas educativos sobre una vida afectivo-sexual saludable y sobre seguridad en las redes sociales para los menores que se encuentran en el sistema de protección.

Según el Defensor de Pueblo es prioritario, y así figura en las recomendaciones recogidas en el informe, que las entidades públicas de protección de la infancia y la adolescencia elaboren un plan de revisión de los recursos residenciales de que disponen, para ajustar la oferta residencial y se atienda a los menores de conformidad con sus singularidades. Y que se diferencie con claridad entre centros de acogida residencial, centros específicos de protección para problemas de conducta, y centros terapéuticos o de atención a la discapacidad.

Por otra parte, la institución Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia (Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) para que se promueva la creación de más instancias judiciales especializadas en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Y para que se refuerce la atención multidisciplinar a los menores de edad víctimas de explotación sexual y se evite la revictimización.

El Informe puede consultarse aquí