07/06/2018
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha inaugurado hoy en la Universidad de Alcalá el IV Congreso del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI). Junto a él han intervenido en la inauguración el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz; la presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Iris Miriam Ruiz; el Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Mariano Jabonero y el director del PRADPI, Guillermo Escobar.
Durante su intervención, Fernández Marugán ha hecho un análisis de las consecuencias que la crisis económica sufrida en España ha tenido en los derechos sociales. Según ha explicado, en tiempos de crisis, es cuando una institución como el Defensor del Pueblo se debe ocupar de que se garantice por los poderes públicos un mínimo de derechos sociales al conjunto de la ciudadanía y especialmente a los sectores de población más vulnerables.
En el Congreso también ha participado la Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals, que ha intervenido en una mesa redonda sobre “El Ombudsman y el derecho a la salud”.
El IV Congreso Internacional del PRADPI que se celebra hoy y mañana tiene como objetivo analizar las acciones y retos de las Instituciones de Ombudsman de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Agenda 2030 es un plan de acción aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Entre los objetivos se encuentran la erradicación de la pobreza, el hambre, lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.
El rol de las Defensorías del Pueblo es clave para lograr la implementación de la Agenda en todos los ámbitos porque pueden cumplir funciones esenciales de garantía en la atención prioritaria de los grupos más vulnerables.
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