La Defensora destaca la aceptación de una recomendación sobre la tributación en el IRPF de las subvenciones y anuncia un estudio sobre el tiempo de tramitación de las licencias de obra

27/03/2014

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha comparecido hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados para presentar el Informe Anual 2013 y el anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo.

 A lo largo de su comparecencia, la Defensora ha destacado que la Dirección General de Tributos haya aceptado una recomendación para que las subvenciones y ayudas públicas tributen en el IRPF cuando sean efectivamente abonadas y no cuando son reconocidas por la Administración, como sucede ahora.

La Institución ha recibido quejas de ciudadanos a los que se les ha concedido una subvención y que, a pesar de no haberla cobrado, han tenido que declarar una ganancia patrimonial en su declaración de la renta para cumplir con la normativa vigente. La Institución ha tenido conocimiento además, de casos en los que distintas Administraciones han reconocido ayudas y subvenciones que, sin embargo, han tardado tiempo en materializar, por problemas de tesorería derivados de la actual coyuntura económica.

Tras aceptar la recomendación formulada por el Defensor del Pueblo, la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha asegurado que propondrá que la próxima reforma fiscal incluya “una regla especial paran la imputación temporal de las subvenciones en el sentido recomendado por la Institución”. 
 

Retraso en la tramitación de licencias urbanísticas 

La Defensora se ha referido también en su intervención a varios de los estudios monográficos que prepara la Institución. Entre ellos ha destacado un informe que analizará cuánto tardan los Ayuntamientos en tramitar las licencias urbanísticas.

Para averiguarlo, la Institución ha escogido para su estudio una muestra representativa que incluye grandes ciudades de más de 500.000 habitantes como Madrid, Barcelona y Valencia; municipios de tamaño medio como Vigo (Pontevedra), Cáceres, Pamplona, Algeciras (Cádiz) o Irún (Guipúzcoa); y ayuntamientos más pequeños, de entre 20.000 y 50.000 habitantes, como Villena (Alicante) y Úbeda (Jaén).

La elaboración de este estudio ha surgido a raíz de la recepción de quejas denunciando la lentitud de los ayuntamientos al otorgar o denegar licencias de obra, unos permisos obligatorios y necesarios para poder obtener financiación y ejecutar las edificaciones.

En ocasiones, la tramitación de estas licencias se prolonga durante meses y los ciudadanos han acudido al Defensor del Pueblo para demandar medidas urgentes que agilicen el proceso y eviten retrasos perjudiciales.

Otro estudios que prepara la Institución y que destacó la Defensora a lo largo de su intervención son una actualización del informe “viviendas Protegidas Vacías”, publicado el año pasado; un análisis de la situación en que se encuentran los presos españoles en el extranjero y un informe sobre el mercado de las telecomunicaciones. 

Alto número de resoluciones formuladas a la Administración

La Defensora también resaltó durante su intervención en el Pleno el elevado número de resoluciones dirigidas a la Administración en 2013. Las recomendaciones y sugerencias realizadas aumentaron un 37% en comparación con el año anterior.

Soledad Becerril destacó además el hecho de que muchas de esas recomendaciones fueran aceptadas y puso como ejemplo la buena acogida de las resoluciones realizadas tras la aprobación de Ley de tasas judiciales o para que los fondos habilitados para el pago de deudas de la Administración sean destinados en primer lugar al pago de las deudas contraídas con entidades que prestan servicios asistenciales.