28/06/2013
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha formulado dos recomendaciones al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que los proveedores y prestatarios de servicios sociales que sean acreedores de las administraciones públicas puedan aplazar sus pagos por las cotizaciones sociales.
Así, ha propuesto al Ministerio que establezca mecanismos de aplazamiento en el pago de cotizaciones, libres de recargos e intereses de demora, a los proveedores o prestatarios de servicios sociales afectados por la morosidad de las administraciones.
En el caso de que se acredite que el nivel de morosidad es tan elevado que pone en riesgo la continuidad de la labor de estas entidades, también ha solicitado que el Gobierno acuerde una moratoria de pago hasta que las administraciones morosas logren ponerse al día en los pagos.
El pasado mes de marzo, la Defensora del Pueblo pidió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se priorizaran los pagos para gastos sociales de las administraciones públicas, especialmente a través de los mecanismos de liquidez, como el Fondo de Pago a Proveedores o el FLA.
La Institución valora positivamente la aceptación de varias de esas recomendaciones como el que la liquidación del IVA sea posterior al cobro efectivo de la factura, un cambio que está previsto para 2014, pero considera necesario que el Ministerio amplíe esta medida a otros tributos y anticipe la aplicación de la misma.
En la actual situación de crisis económica, las administraciones públicas están obligadas a evaluar con el máximo rigor su política presupuestaria y a dar prioridad a los gastos sociales aunque esto exija la reducción de otras partidas.
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