La institución responde ante un escrito de instancias europeas

04/04/2023

La institución Defensor del Pueblo ha remitido un informe al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en el que reitera que la situación en la Cañada Real Galiana, sobre todo en los sectores V y VI, es insostenible,  de emergencia humanitaria y requiere una solución urgente, por, entre otras carencias,  la falta de suministro eléctrico.

El envío de esta información a instancias europeas es la respuesta a una petición al Defensor del Pueblo formulada por el Comité Europeo de Derechos Sociales. El Comité atiende una reclamación de varias organizaciones respecto a la situación que, desde otoño de 2020, padece este asentamiento poblacional ubicado en la Cañada Real

Galiana, a pocos kilómetros del centro de la capital de España. Los vecinos de este lugar han pasado los tres últimos inviernos sin suministro eléctrico.

En el escrito se detallan los antecedentes históricos de la Cañada Real Galiana, los orígenes del asentamiento poblacional, las leyes autonómicas que lo regulan y las administraciones implicadas, y se enumera con detalle las gestiones realizadas desde que, el 19 de octubre de 2020, un grupo de vecinos de la Cañada Real registrase en el Defensor del Pueblo una queja por el corte del suministro eléctrico.

Los sectores más afectados -el V y el VI- se encuentran en los términos municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, y allí viven más de 4.500 personas -muchas en situación de vulnerabilidad-, mayores, enfermos crónicos y menores.

El informe, remitido a finales de marzo, enumera las diversas recomendaciones emitidas desde la institución a las administraciones afectadas y al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, creado ad hoc en diciembre de 2015 con el objetivo de coordinar a administraciones y entidades implicadas en esta zona.

Recogiendo el historial del asentamiento se informa al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa de que, el 17 de mayo de 2017, se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana para buscar la “solución más favorable para el asentamiento irregular de la Cañada Real Galiana, ponderando los intereses y derechos que sean de carácter general”. Y que tras la firma del Pacto, en la Asamblea de Madrid, se comenzó a ejecutar un plan de choque que contemplaba mejoras en una serie de servicios en los sectores I a V y el realojo para el sector VI.

A raíz de la primera queja, en octubre de 2020, por corte de suministro eléctrico de carácter general, se iniciaron actuaciones ante la Dirección General de Industria, Energías y Minas. Tras alegar la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, de la que dependía esa Dirección General, que la empresa distribuidora de electricidad en la zona argumentó que los cortes se produjeron para garantizar la seguridad de las personas y los bienes ante el riesgo que podrían generar las sobrecargas, el Defensor del Pueblo emite las primeras recomendaciones solicitando el restablecimiento del suministro eléctrico. Recomendación que hace llegar a todas las administraciones implicadas y que posteriormente traslada, también, al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para Cañada Real Galiana.

Ya en 2022, el Defensor del Pueblo se reunió con asociaciones de vecinos afectados y con el propio Comisionado que generaron nuevas recomendaciones. Así el pasado mes de diciembre, el Defensor del Pueblo instó a restablecer el suministro eléctrico con “carácter de urgencia” y reiteró a todas las administraciones implicadas que la energía eléctrica es esencial para la protección de la salud de las personas y en consecuencia de sus vidas y que es un derecho reconocido en el artículo 43 de la  Constitución.  También lo es, señaló, entre otros, el derecho a  la vida y a la integridad física (artículo 15), la protección de la familia y de los menores (artículo 39) y de la tercera edad (artículo 50). Además, recordó que la electricidad también es necesaria para garantizar el derecho a la educación, que consagra el artículo 27 de la Carta Magna, y que su falta afecta al desarrollo educativo de los menores que residen en la Cañada Real  y a la integración social. El Defensor del Pueblo demandó más proactividad de las administraciones  y organismos implicados en la resolución de este problema.

Tras enquistarse la situación, la institución ha propuesto que hasta que no se adopten las soluciones definitivas en la Cañada Real -el realojo, en el caso del sector VI-  se estudie aplicar una solución transitoria, que pasaría por la concesión de títulos habilitantes, que permita solicitar la contratación provisional del suministro eléctrico. Esta propuesta, que aliviaría temporalmente el problema, está siendo estudiada por las administraciones implicadas.