Suspensión abono pensión Venezuela

29/01/2018

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para intentar buscar una solución a la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran numerosos ciudadanos residentes en España que llevan desde enero de 2016 sin cobrar las pensiones que generaron en Venezuela.

Los afectados han generado pensiones en Venezuela y España pero han dejado de cobrar de aquel país, su pensión española no alcanza la mínima y carecen de otros recursos económicos para su subsistencia.

Por este motivo, el Defensor considera que en estos casos deben eliminarse las trabas que existen para el reconocimiento y concesión de complementos a mínimos de pensiones y otras prestaciones asistenciales mientras continúe el impago por parte de Venezuela.

Fernández Marugán formuló en noviembre tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para intentar solventar la situación de este colectivo.

Así, recomendó que no se computaran como ingreso de los interesados el importe de las pensiones no abonadas por las autoridades venezolanas, para que pueda reconocerse su derecho al cobro de complemento a mínimos de sus pensiones españolas u otras prestaciones de carácter no contributivo o asistencial, cuando se constate que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas vitales. Todo ello, sin perjuicio de que pueda exigirse su reintegro en el supuesto de que Venezuela reanudara los pagos con abono de los correspondientes atrasos.

También solicitó revocar todos los actos o resoluciones derivados de los expedientes de reintegro de prestaciones por cobro indebido de complemento a mínimos por residencia y aquellos en los que se procedió a la reducción del importe de dicho complemento en los ejercicios 2016 y 2017, en los que Venezuela no realizó ningún ingreso de pensiones a sus beneficiarios.

Por último, pidió que se aceptara como prueba del impago de las pensiones la declaración responsable de los interesados y el reconocimiento de deuda que adquieren con la Seguridad Social española por la concesión de prestaciones para evitar situaciones de pobreza y exclusión social.

La citada secretaría de Estado rechazó estas recomendaciones. Por este motivo, el Defensor se ha dirigido a la ministra para evitar que este colectivo continúe en una situación de extrema vulnerabilidad, con ingresos que les impiden cubrir sus necesidades básicas, mientras se reanudan los correspondientes pagos por parte de Venezuela.