El Defensor del Pueblo recurre ante el TC una disposición adicional de la Ley de Presupuestos de Cataluña para 2017 sobre contratación de personal docente e investigador

Contratación de personal docente e investigador. Cataluña

29/06/2017

El Defensor del Pueblo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional una disposición adicional de la Ley de Presupuestos de Cataluña para 2017 sobre contratación de personal docente e investigador. El precepto recurrido es ajeno al contenido propio de este tipo de normas y atenta contra la autonomía de las universidades.

La disposición recurrida afecta al principio de seguridad jurídica proclamado en la Constitución (artículo 9.3) y al contenido previsto para la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, por lo que se ha considerado pertinente interponer este recurso de inconstitucionalidad.

Las leyes de presupuestos tienen una función específica y constitucionalmente definida a la que deben ceñir su contenido, que es la previsión de ingresos y habilitación de gastos para un año, o al menos, guardar una relación directa con esta materia.

Esta disposición establece un régimen de reposición de personal docente e investigador para las universidades públicas de Cataluña, vinculado a un concreto plan de investigación (Plan Serra Húnter), lo que evidentemente tiene un carácter meramente organizativo y no guarda relación alguna con el contenido propio de la ley presupuestaria.

Por otra parte, la disposición adicional cuestionada impone la obligación a las universidades públicas de Cataluña de realizar mayoritariamente la reposición de su personal docente investigador a través del Plan Serra Húnter.

Este mandato imperativo, a juicio del Defensor del Pueblo, lesiona el contenido esencial del derecho fundamental a la autonomía universitaria, consagrado en el art. 27.10 de la Constitución, puesto que, por una parte, restringe la potestad de selección de su personal académico a las universidades y, por otra, convierte en obligatoria la participación de las universidades en dicho Plan (plan del Gobierno de Cataluña y no de las universidades) si quieren reponer sus efectivos de personal docente investigador a lo largo de 2017.

 

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