Reunión con el Consejo de la Abogacía

31/05/2019

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha admitido a trámite una queja del Consejo General de la Abogacía sobre las dificultades que tienen los abogados y abogadas para prestar asistencia a las personas que llegan a las costas españolas en situación irregular.

Fernández Marugán ha recibido en la sede de la Institución a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega y al presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, que le han solicitado amparo para que inste a las administraciones competentes a garantizar los medios e infraestructuras necesarias para prestar la asistencia letrada con todas las garantías.

Los representantes del Consejo han denunciado que el derecho de defensa de las personas migrantes es vulnerado cuando no existen instalaciones que permitan realizar entrevistas previas, individualizadas y reservadas y cuando no se dispone de un sistema efectivo de traducción para atender a estas personas en su lengua de origen.

La máxima representante de la Abogacía ha pedido a los letrados y letradas de los turnos de oficio de extranjería y protección internacional que hagan constar en acta cualquier incidencia que detecten mientras prestan asistencia y se ha comprometido a remitir esta información al Defensor para corregir las deficiencias que se detecten.

El pasado verano, técnicos del Defensor del Pueblo realizaron inspecciones a las provincias de Cádiz, Málaga y Granada y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para comprobar cómo se estaba realizando la atención humanitaria y jurídica a las personas que acceden de manera irregular. Tras estas visitas, la Institución formuló recomendaciones a los Colegios de Abogados de Cádiz y Granada para mejorar la asistencia jurídica tras presenciar asistencias colectivas. Así, recomendó que se garantizara que las asistencias jurídicas fueran siempre individualizadas y efectivas.

Con el objetivo de seguir contribuyendo a mejorar la primera acogida de personas migrantes que llegan a nuestro país en situación irregular, el Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja del Consejo de la Abogacía y solicitará información sobre este asunto a los ministerios del Interior y de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en esta materia.