Sentencia TJUE sobre el IRPH

06/03/2020

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que estudie la posibilidad de establecer un sistema extrajudicial al que puedan acudir los afectados por el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH).

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que este índice es susceptible de ser considerado abusivo y, por tanto, anulado por parte de los jueces nacionales. Por ello, la Institución cree que una solución extrajudicial evitaría que numerosos afectados acudan a los tribunales para el reintegro de las cantidades pagadas indebidamente y la sustitución por otro índice más favorable.

Así, el Defensor considera que un mecanismo extrajudicial podría evitar, por un lado, el colapso de los tribunales de justicia ante la previsible oleada de reclamaciones  y, por otro, beneficiar también a aquellos ciudadanos que no se pueden permitir acudir a la vía judicial para reclamar la anulación del IRPH.

Según explica la Institución en un escrito enviado a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa en el marco de una actuación de oficio, a pesar de que no existen datos oficiales sobre los préstamos hipotecarios que están referenciados al IRPH, la cifra de afectados podría situarse en torno al millón, según diversas fuentes.

Recomendación rechazada en 2017

No es la primera vez que el Defensor del Pueblo se dirige a la Administración por los problemas generados por el IRPH.

En octubre de 2017 recomendó al Gobierno eliminar el IRPH como índice oficial de referencia para tipos de interés convenidos en el marco de préstamos hipotecarios de viviendas de protección oficial.

La Institución, que ha recibido más de 200 quejas de afectados por el IRPH, propuso entonces que dicho índice se sustituyera por el Euríbor u otro índice oficial, para corregir los efectos de cláusulas potencialmente abusivas.

Esta recomendación fue rechazada. No obstante, el Defensor del Pueblo ha vuelto a reiterarla ahora al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana.