Víctimas de suplantación de identidad

05/08/2025

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha dirigido recomendaciones a la Dirección General de Tráfico (DGT) para que se proteja de manera real y efectiva a las víctimas de suplantación de identidad, personas a cuyo nombre se transfieren fraudulentamente vehículos sin su consentimiento.

La institución ha recibido numerosas quejas denunciando las dificultades con las que se encuentran estas víctimas para dar de baja la titularidad de un vehículo, que no es suyo, que les fue transferido sin su consentimiento, y ponen de manifiesto las graves consecuencias que padecen por ser titulares de vehículos desconocidos. En algunos casos hay cuatro o cinco vehículos registrados fraudulentamente a una misma personas.

Ángel Gabilondo propone las adopción de medidas de carácter preventivo para asegurar la autenticidad y vigencia de los documentos de identidad que se aportan en las solicitudes de cambio de titularidad de un vehículo, y para verificar el consentimiento expreso por parte de la persona solicitante. Así, apuesta por la coordinación con otros departamentos del Ministerio del Interior para comprobar la autenticidad y vigencia del documento de identidad presentado por el interesado en la solicitud del trámite, y sugiere también implantar un sistema de avisos del cambio para garantizar que el solicitante ha promovido o autorizado el trámite.

La institución recomienda además que, una vez detectada la suplantación de identidad, se impida continuar transfiriendo vehículos a nombre de la víctima y que se evite el cobro del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, u otras tasas derivadas de los trámites que deba realizar la víctima en la DGT como consecuencia de la suplantación de la identidad. Además, propone establecer alertas para impedir la incoación de expedientes sancionadores a la víctima en relación con los vehículos transferidos fraudulentamente y reclama que se facilite la baja de esos vehículos.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha dirigido también una recomendación a la Fiscalía General del Estado para que inste a la Policía Judicial a identificar a los autores del fraude, localizando a los poseedores del vehículo y comprobando el título que aleguen para su legal tenencia.