El Consulado General de España en Guayaquil inició un expediente para destruir la presunción de la nacionalidad española de una menor de edad y le retiró su documentación, sin que el órgano registral competente hubiese dictado resolución en el expediente incoado
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RECORDATORIO DE DEBER LEGAL: Que incumbe a los órganos consulares de no adoptar medidas que supongan el desconocimiento de las inscripciones realizadas por los registros civiles competentes, en tanto las mismas no sean rectificadas o canceladas, tras la incoación del oportuno expediente gubernativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley de Registro Civil.
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| Fecha: 15/01/2019 |
| Administración: Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Respuesta: Sin seguimiento |
| Queja número: 17022872 |
Se acusa recibo de su escrito en relación con el asunto arriba indicado. En el mismo, el Consulado General de España en Guayaquil informa sobre la nacionalidad española con simple valor de presunción de los menores hijos de ciudadanos ecuatorianos, tanto antes de la reforma de la Constitución de 2008 como con posterioridad. De lo anterior se desprende la regularidad de la inscripción de nacionalidad española realizada en el caso de (…..).
El citado organismo inició un expediente para destruir la presunción de la nacionalidad española de la menor y le retiró su documentación, sin que conste la resolución adoptada por el órgano registral competente.
Consideraciones
1. Al igual que se ha comentado en otras quejas en casos sustancialmente idénticos, la nacionalidad española con valor de simple presunción es una nacionalidad de origen, con la consideración de una presunción legal iuris tantum, por lo que para declarar su nulidad, ya sea por realizarse la inscripción por órgano registral incompetente o por aplicarse indebidamente el artículo 17.1 c) del Código Civil, es preciso iniciar el oportuno expediente, con intervención del Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 20/2011, del Registro Civil. En el mismo sentido, el artículo 147 del Reglamento del Registro Civil establece que las anotaciones pueden ser rectificadas y canceladas en virtud de expediente gubernativo en el que se acredite la inexactitud, que deberá ser notificado a los interesados, como exige imperativamente el artículo 349 del citado Reglamento.
2. Asimismo, de acuerdo con el principio de legitimación registral, las inscripciones efectuadas son verdaderos títulos de estado con eficacia probatoria privilegiada. Los hechos inscritos gozan de presunción de exactitud y legalidad, teniendo la inscripción valor declarativo con carácter general, y constituyen prueba plena de los hechos inscritos, lo que supone que estos existen y son válidos y exactos mientras el asiento correspondiente no sea rectificado o cancelado en la forma prevista por la ley.
Decisión
Al amparo de la normativa citada, así como de lo previsto en los artículos 1, 9 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, se formula el presente:
RECORDATORIO DEL DEBER LEGAL
Que incumbe a los órganos consulares de no adoptar medidas que supongan el desconocimiento de las inscripciones realizadas por los registros civiles competentes, en tanto las mismas no sean rectificadas o canceladas, tras la incoación del oportuno expediente gubernativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley de Registro Civil.
En la seguridad de que este Recordatorio será objeto de atención por parte de V.I.,
le saluda muy atentamente,
Francisco Fernández Marugán
Defensor del Pueblo (e.f.)
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