Acceso a la documentación y publicaciones

El 9 de mayo de 2023 se inicia actuaciones con ese Ayuntamiento de Pelahustán sobre el asunto de referencia.

En la respuesta facilitada indica que el Ayuntamiento de Pelahustán nunca ha ejercido competencia (salvo en la zona de travesía) en ese tramo de carretera, nunca ha dispuesto de medios humanos, ni técnicos ni económicos para actuar en ella.

Asimismo, apuntaba que ha intentado que las administraciones con competencia en redes de carreteras en Castilla-La Mancha, determinen quien posee la titularidad y asuma las obligaciones de un tramo de carretera existente entre el municipio, desde el cruce con la carretera CM-5005 y el límite de la provincia de Madrid, donde continúa con la denominación M-548 hasta el municipio de Cenicientos (Madrid).

En esa fecha se comunica que, a la vista de la información recibida, procede suspender las actuaciones iniciadas con el Ayuntamiento de Pelahustán, y se requiere al resto de administraciones que remitan a esta institución la información solicitada.

En este sentido, se informa que la Diputación Provincial de Toledo indica que el tramo de la carretera que discurre por la provincia de Toledo, desde Pelahustán hasta Cenicientos (Madrid), no consta en la documentación ni los archivos, como que sea o haya sido de titularidad de la Diputación Provincial de Toledo.

En el catálogo de las carreteras incluidas en el mapa de carreteras provinciales figura que la jurisdicción sobre esa carretera pertenece al Ayuntamiento de Pelahustán.

Respecto al mapa de transferencias de carreteras de la diputación a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y viceversa, se observa que la carretera no aparece como traspasada de la Junta a la diputación o de la diputación a la Junta, y según la leyenda del mapa tampoco ha sido considerada como objeto de traspaso.

Por otro lado, la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Macha señala, tras consultar a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (hoy Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), que ese tramo de carretera ni es de titularidad estatal a día de hoy, ni lo ha sido nunca, por lo que, al no figurar en el catálogo de la red, no tiene ninguna competencia sobre el mismo.

Esa carretera no está incluida en ningún plan de actuación por parte del Ministerio, tal como ocurre en el resto de las carreteras que no son competencia del Estado.

La carretera no está contemplada en el catálogo de la red del Estado y por tanto no existe previsión de ninguna actuación sobre la misma, ya que no tiene competencia para ello.

Consideraciones

A la vista del informe facilitado el Defensor del Pueblo considera lo siguiente, como con esta fecha se comunica a la Diputación Provincial de Toledo y a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, no dejan de ser administraciones públicas que deberían estar coordinadas y mantener información mutua sobre la actividad a desarrollar para solventar el problema planteado conocido por todas.

Es preciso recordar que tanto el artículo 103 de la Constitución Española como el art. 3 de la Ley 40/2015, de1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público impone a las administraciones públicas los principios de coordinación y colaboración en el servicio al interés general con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Las diferentes administraciones públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de estas de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 140 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Debe tenerse en cuenta que la falta de coordinación entre las administraciones públicas no puede causar un perjuicio a los ciudadanos. De modo que ninguna petición, solicitud o procedimiento quede sin respuesta por cuestiones de competencia entre entes públicos ni por cuestiones de atribuciones entre sus órganos. Ciertamente no corresponde a los ciudadanos encargarse de la coordinación entre los organismos públicos.

De la información facilitada por las distintas administraciones se desprende que existe una indefinición sobre la titularidad del tramo de la referida carretera. Esta indefinición hace que su mantenimiento y conservación sea inexistente, lo que redunda en perjuicio de los ciudadanos que la utilizan.

Por ello, parece procedente instar a las distintas administraciones a que coordinen su actuación en aras a determinar a quien corresponde la titularidad de la carretera y por lo tanto su adecuada conservación y mantenimiento.

Decisión

A la vista de la información recibida, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, se ha procedido a formular a ese Ayuntamiento de Pelahustán la siguiente:

SUGERENCIA

Que se coordinen las diferentes administraciones a fin de determinar a quien corresponde la titularidad de la carretera y, por lo tanto, su adecuada conservación y mantenimiento.

En espera de la remisión de la preceptiva información, en la que se ponga de manifiesto la aceptación de esta sugerencia o, en el caso contrario, de las razones en que pueda justificarse su no aceptación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Con esta misma fecha se ha realizado la misma sugerencia a la Diputación Provincial de Toledo y al Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.

Le saluda muy atentamente,

Ángel Gabilondo Pujol

Defensor del Pueblo