Tipo de actuación: Recomendación
Administración: Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Comunidad de Madrid
Respuesta de la Administración: Aceptada
Queja número: 17009386
Ha tenido entrada en esta institución la queja que plantea la Defensora Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, que a su vez traslada un supuesto que afecta a la estudiante (…..), alumna de dicha universidad.
Consideraciones
1. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, tras la redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, establece en el artículo 81.3.b) que los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan en el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, serán fijados por la comunidad autónoma, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria.
2. En virtud de lo anterior las comunidades autónomas (y en el caso de la UNED la Administración General del Estado) establecen anualmente los precios públicos por servicios académicos en las universidades de su territorio, dentro de los límites señalados por Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria.
Las normas que regulan los citados precios recogen también las exenciones y bonificaciones que corresponde aplicar a los alumnos universitarios, y en virtud de ello cada universidad pública española hace públicas anualmente las exenciones a practicar en los precios de matrícula.
La mayor parte de las universidades coincide en los términos en los que se prevén estas exenciones y a quién van dirigidas (becarios, miembros de familia numerosa, alumnado con discapacidad, víctimas de actos de terrorismo o violencia de género, etc.), términos que a su vez derivan de las normas estatales y autonómicas que reconocen estos derechos y bonificaciones a los alumnos pertenecientes a los referidos grupos de beneficiarios.
En concreto, la condición de víctima de violencia de género ha sido recogida como causa de exención del pago de precios públicos académicos en al menos diez distritos españoles (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Navarra, etc.).
3. La Sra. (…..) tiene reconocida su condición de víctima de violencia de género. Esta condición le otorga en las universidades del ámbito territorial de su comunidad de origen (Comunidad Foral de Navarra) y en las de la mayoría de las comunidades autónomas, la exención de los precios públicos por servicios académicos universitarios, no así en las universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid, a la que se ha visto obligada a desplazarse al no tener la posibilidad de cursar en su comunidad el Grado que deseaba.
4. En la actualidad se encuentra matriculada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, donde realiza el Grado de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, y origina su queja el hecho de que la exención de precios no figura entre las causas de exención enumeradas en el artículo 20 del Decreto 83/2016, de 9 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen los precios públicos por servicios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y por tanto en las normas internas de la Universidad Complutense de Madrid, en la que la reclamante está matriculada.
5. El mencionado Decreto 83/2016, de 9 de agosto, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 20 las exenciones aplicables a los alumnos en función de su pertenencia a diversos colectivos, como son los miembros de familia numerosa; las víctimas del terrorismo; y los estudiantes con discapacidad. Pero no contiene mención alguna a las exenciones aplicables a las víctimas de violencia de género.
6. Con motivo de la tramitación de la queja iniciada de oficio por esta institución, y registrada con el número (…..), esa Consejería manifestó que las universidades de Madrid aplican las exenciones a practicar en los precios de matrícula en los términos que establecen las normas autonómicas, y que las exenciones no impuestas por la regulación autonómica quedan supeditadas a lo regulado en la normativa propia de cada universidad. Ante esta situación, lo cierto es que ninguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid recoge en sus normas propias la exención o bonificación aplicable a las matrículas de los estudiantes víctimas de violencia de género.
7. Esa comunidad autónoma reconoce ayudas económicas de pago único para estas victimas de violencia de género. Pero alega la firmante de esta queja que se trata de ayudas ligadas a empadronamiento; a la necesidad de acreditar rentas muy escasas o dificultades para obtener un empleo; y son además incompatibles con otras ayudas, todo lo cual a su juicio no garantiza el derecho a la asistencia social integral de estas víctimas que proclama el Capítulo I del Título II de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género.
8. Por otra parte, esta institución ha tenido conocimiento de que la Universidad Complutense de Madrid firmó un Convenio con esa Comunidad Autónoma de Madrid para la financiación de la compensación de precios públicos de matrícula en estudios oficiales para alumnos universitarios, en cuya cláusula tercera priorizaba las solicitudes realizadas por víctimas de violencia de género. Sin embargo, y según los datos de los que se dispone, hasta el momento la citada universidad no contempla en sus normas internas la exención de precios a estas víctimas, sin duda porque no se recoge en la normativa autonómica tal previsión.
Decisión
Al margen de otras actuaciones que se encuentran en trámite en esta institución, en relación con las previsiones de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, el Defensor del Pueblo ha resuelto, al amparo de las competencias que legal y constitucionalmente tiene reconocidas, dirigir a V.E. la siguiente:
RECOMENDACIÓN
Reconocer de forma expresa en la normativa que anualmente fije los precios públicos por servicios académicos de las universidades del ámbito territorial de esa comunidad autónoma, la exención o bonificación aplicable a los precios públicos a abonar por los alumnos que tengan reconocida la condición de víctima de violencia de género.
Agradeciéndole de antemano la acogida que dispense a esta RECOMENDACIÓN y a la espera de la información que sobre su aceptación ha de ser remitida según prevé el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981,
le saluda muy atentamente,
Soledad Becerril
Defensora del Pueblo
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